Las Cortes sacan adelante la Ley de Servicios Sociales sin consenso
La norma prevé la creación de un mapa sobre las necesidades de recursos y programas
Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la nueva Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León, con los votos favorables del PP y el Grupo Mixto y la oposición del PSOE, que considera que esta norma «abre la puerta a la privatización» de estos servicios esenciales.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, defendió ante el pleno de las Cortes la importancia de esta ley, que en su opinión es fruto del acuerdo con las entidades locales, con las asociaciones que prestan servicios de atención a personas dependientes y el propio Consejo del Diálogo Social.
La nueva norma sirve para adaptar la normativa autonómica a las nuevas realidades sociales, ya que la ley a la que sustituye (Acción Social y Servicios Sociales) data de 1988, y a la Ley de la Dependencia estatal, aunque incorpora otros derechos relacionados con la atención a personas dependientes.
En concreto, el consejero ha destacado que esta ley sirve para convertir en derechos subjetivos algunas de las prestaciones que actualmente se ofrecen a los ciudadanos y se prevé la creación de un mapa de servicios sociales que determinará qué centros y programas se ubican en las diferentes zonas de la Comunidad.
En este punto, el procurador socialista Fernando Rodero ha criticado que este mapa sea «secreto» y la Junta de Castilla y León no informe a los ciudadanos de qué recursos van a poder disponer en ciudades y comarcas de la Comunidad. Antón explicó también que la norma prevé el ofrecimiento de la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños con discapacidad, la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y medidas específicas de protección a menores de edad en situación de desamparo.
Como consecuencia de la aprobación de esta norma, los ciudadanos podrán reclamar a la Administración autonómica prestaciones económicas para el cuidado de familiares dependientes y también el propio dependiente accederá a ayudas si no es posible que sea atendido por el servicio público concertado.
Sin embargo, el representante del PSOE se ha quejado de que no se detalle un catálogo de prestaciones para que los ciudadanos puedan saber en concreto qué cantidades podrán percibir en función de su grado de dependencia y ha criticado que la Junta de Castilla y León haya elaborado «una memoria económica que es prácticamente inexistente», al limitarse a un compromiso de inversión. Rodero insistió en que la norma que se aprueba es «peor que la aprobada hace 23 años», ya que para los socialistas se abre «la puerta a la privatización» de los servicios sociales que debe asumir la propia Junta de Castilla y León, al hablar de «sistema de servicios sociales de responsabilidad pública», en lugar de «sistema público de servicios sociales».
La procuradora del Grupo Popular Ángeles Armisén ha acusado a los socialistas de carecer de una oposición de fondo a la norma y ha sostenido que su negativa a apoyar la aprobación de esta «ampliación de derechos de los ciudadanos» es por «pura imagen ideológica».