El Estatuto permite disolver las Cortes por primera vez antes de las elecciones

Con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía se modificaron diversos puntos relacionados con las Cortes de Castilla y León. En primer lugar, las elecciones del 22 de mayo son las primeras, tras la nueva reforma estatutaria, que modifican la extinción de las Cortes el 28 de marzo, exactamente 55 días antes de los comicios, y el encargado de dicha función es el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Hasta ahora, el Parlamento Autonómico se disolvía el mismo día que se convocaban las nuevas Cortes. El presidente tiene potestad para decidir el fin de la legislatura, sin embargo si no hay una decisión contraria, las elecciones se celebrarán siempre el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años. Durante esos 55 días no hay actividad parlamentaria pero sí hay un órgano, la Diputación Permanente, encargada de velar por los poderes de la Cámara desde la terminación del mandato parlamentario y la disolución de las Cortes hasta que se constituyan las nuevas. En este caso dicho órgano ejercerá, cuando corresponda, el control de la legislación; podrá autorizar créditos extraordinarios y suplementos de créditos, a petición de la Junta de Castilla y León, por razón de urgencia y de necesidad justificada, con el consentimiento de la mayoría de sus miembros; y podrá acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad o el planteamiento por la Junta de Castilla y León de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, en supuestos de urgencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

De los 83 procuradores de las Cortes de Castilla y León, uno más por Segovia para la próxima legislatura, tan sólo 20 tienen dedicación exclusiva, lo que significa que los 63 restantes acuden a la Cámara, durante la celebración de plenos y comisiones, cuando son requeridos por los grupos pero no cobran un sueldo fijo como parlamentarios de las Cortes. Este es el único Parlamento, junto con la Rioja, donde no está generalizada la dedicación exclusiva para todos sus miembros y pueden dedicarse cada uno a sus respectivas profesiones. Esto supone que durante los 55 de inactividad parlamentaria los procuradores no cobrarán dietas por acudir a los plenos ni a comisiones. Sin embargo, los 20 parlamentarios que cuentan con dedicación exclusiva, seguirán cobrando porque son miembros de la Diputación Permanente como titulares o como suplentes. En el caso de los parlamentarios leoneses, los que cuentan con dedicación exclusiva como titulares son: Inmaculada Larrauri, secretaria segunda y miembro de la Diputación Permanente; Joaquín Otero, portavoz del Grupo Mixto y miembro de dicho órgano; Héctor Castresana, pertenece al consejo de dirección con el que cuenta cada grupo de las Cortes. Dentro de los suplentes está Francisco Javier García-Prieto, pero como procurador con dedicación exclusiva seguirá recibiendo su salario habitual. Sin embargo, la parlamentaria María del Mar González, es miembro de la Diputación Permanente como vocal, pero no cuenta con dedicación exclusiva, por lo que tan sólo percibirá retribución si se convoca dicho órgano.

Lo que aún no está decidido es la continuación de todos los trabajadores empleados en el Parlamento Autonómico. Algunos seguirán destinados para desarrollar su labor con la Diputación Permanente, sin embargo la solución para el resto aún está por llegar y serán los portavoces de los grupos parlamentarios los encargados de dilucidar el asunto. Este órgano será convocado por el presidente a iniciativa propia, a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de aquélla, o a petición de la Junta de Castilla y León.

La Diputación Permanente está compuesta por el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago que es el encargado de presidir dicho órgano, por los miembros de la Mesa de las Cortes y los procuradores que designen los grupos parlamentarios. La Diputación Permanente también está formada por los portavoces de cada grupo Carlos Fernández Carriedo por grupo popular, Ana Redondo, por el grupo socialista y Joaquín Otero, por el grupo mixto, y también por los vocales, seis por el grupo popular y tres por el grupo socialista, de forma proporcional a los procuradores de las Cortes de Castilla y León.