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El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) denunció ayer que cerca de 15.000 trabajadores que dependen de las administraciones locales de la Comunidad pueden perder su empleo ante la crisis financiera por la que atraviesan, con el consiguiente peligro de que se dejen de prestar determinados servicios en los municipios. En este sentido, según la agencia Ical, el sindicato reclama a la Junta un fondo extraordinario de 80 millones de euros que permita mantener esos empleos y los servicios que prestan las corporaciones locales.
El sindicato entiende que están en peligro 11.929 empleados temporales de la Administración local, así como aproximadamente el 20 por ciento de los 12.000 que forman parte del personal de contratas y subcontratas con las corporaciones locales en Castilla y León. Por este motivo, el secretario regional de CCOO en la Comunidad, Ángel Hernández, anunció que 500 representantes sindicales se concentrarán mañana a las 11.30 horas junto a las Cortes regionales para protestar ante esta situación que puede llevar a muchos trabajadores a perder su puesto de trabajo, así como a la pérdida de prestación de servicios como el tratamiento de residuos, limpieza de hospitales y la seguridad, jardinera, mantenimiento, que se han externalizado. Al tiempo, precisó que «parece» que los servicios que presta la Junta «no están en peligro».
Para atajar este problema que afecta sobre todo a las adminsitraciones locales, el sindicato, además de la concentración, hará entrega de un documento con sus propuestas y análisis de la situación a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes, así como al coordinador regional de IU y a la Federación Regional de Municipios y Provincias. La propuesta, según explicó Hernández, incluye la reclamación a la Junta y a otros los grupos de que «con el mayor consenso posible» formalicen un fondo extraordinario dotado con 80 millones de euros con el objetivo de «mantener los servicios que se están prestando y el empleo en el conjunto de las administraciones».
Crear un fondo con urgencia. Hernández pidió que después de que se constituyan las Cortes tras la elección del 22 de mayo, con «urgencia» y «antes de vacaciones», se cree ese fondo que podría financiarse con ahorro de gasto corriente, con parte de la capacidad de endeudamiento que tiene la Comunidad, así como con la toma de medidas políticas extraordinarias para tener una mayor capacidad de ingresos, como a través de la impuesto de sucesiones. Recurrir, precisó, a ingresos excepcionales para que «el ajuste sea lo menos doloroso para todo el mundo».
El secretario general del sindicato en Castilla y León explicó que la Comisión Ejecutiva acordó como una de las líneas básicas del sindicato en los próximos meses la «defensa de los servicios públicos» y, por lo tanto, el empleo que acarrean, bien sean empleados públicos dependientes de las administraciones o trabajadores de las empresas contratas o de las subcontratas.
Según señaló, en las últimas fechas se han visto «movimientos muy preocupantes», algunos ya anunciados como es el caso de la Generalitat de Cataluña y otros a la espera de que pasen las elecciones para que sea un elemento para ajustar el déficit que las administraciones puedan tener. Por eso, desde CCOO han realizado un estudio de que cómo se encuentran estos servicios y las personas que los prestan.
22.1584 puestos fijos. En este contexto, el secretario regional de la Federación se Servicios a la Ciudadanía, Luis Fernández Gamazo, mostró su preocupación por la pérdida de empleo y, en este caso, por las consecuencias que puede tener ante la situación de déficit de las administraciones, con especial atención a la situación de las administraciones locales. «En la situación actual es especialmente preocupante», precisó. Por eso, mantuvo que es necesaria una reflexión y un buen diagnóstico para tomar «medidas urgentes» porque el empleo que está en riesgo en el personal temporal de las administraciones locales ronda casi los 12.000 puestos de trabajo. En total, la Administración local cuenta con 34.083 efectivos, de los que 22.154 son fijos.
La secretaria general de la Federación de Servicios Privados, Inmaculada de Pablos, recordó que alrededor de 22.500 trabajadores corresponden a contratas y subcontratas de servicios.