Un año desde el anuncio de Herrera de la implantación de la «ecotasa»
Casi un año ha pasado desde que el 10 de noviembre de 2010 el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrara, informara de la aplicación de una tasa a la producción eléctrica y a las redes de alta tensión, en respuesta al recurso impuesto por las eléctricas contra el decreto de incentivos a la quema de carbón autóctono.
El 24 de noviembre de 2010, las Cortes de Castilla y León aprobaron la creación de un grupo de trabajo —integrado por los representantes de los grupos parlamentarios PP, PSOE y Mixto, y por las consejerías de Hacienda, Empleo y Medio Ambiente— en el que establecieron el requisito de que la implantación de este impuesto no pueda suponer un sobrecoste para los consumidores. Tras recurrir a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en busca de una respuesta que determine si gravar la producción eléctrica podría afectar al bolsillo de los castellanos y leones, a principios de 2011, la CNE detalló en un informe que la tasa no repercutiría en la factura de la luz de los consumidores, cumpliendo así la condición impuesta por la Junta.
Cuatro meses más tarde, en marzo de 2011, el Ministerio de Industria anunció su pretensión de imponer un suplemento territorial a aquellas comunidades autónomas que cuentan desde hace años con impuestos medioambientales sobre las eléctricas como Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha, lo que paralizó los trámites del grupo de trabajo. Finalmente, el suplemento territorial no fue aplicado y decae con el fin de legislatura, lo que supone que la anterior legislación continua vigente.
El borrador del anteproyecto de ley despertó ayer de su letargo.