El PP veta un recurso contra la reforma laboral

La mayoría del Grupo Popular defendió hoy que la Constitución Española no es de izquierda ni de derecha, ni tiene ideología, ni consagra del modelo laboral y social que propugnan PSOE e IU, principio con el que vetó la interposición de un recurso de inconstitucional solicitado por la oposición, que atacó la normativa del Gobierno de Rajoy como lesiva para los derechos adquiridos por los trabajadores y que, además de «abaratar el despido», no contribuirá a la recuperación económica y la generación de empleo.

Esos fueron algunos de los argumentos que intercambiaron Raúl de la Hoz (PP), Ana Redondo (PSOE) y José María González (IU) durante el debate de una proposición no de ley socialista y de la adopción de una acuerdo por las Cortes para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. Ambas iniciativas, con distinto destinatario –la primera a la Junta y la segunda a las Cortes-, fueron rechazadas por 47 votos del Grupo Popular, entre los que no se encontraba el del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

En la tribuna de invitados sí siguieron el debate los secretarios de CCOO, Ángel Hernández, y de UGT, Agustín Prieto, a quienes se dirigieron tanto Redondo como González en sus intervenciones, que iniciaron con reproches al PP por haber retrasado la inclusión en el orden del día del pleno de ambas propuestas. De la Hoz consideró que el PSOE se adapta con su iniciativa al calendario de movilizaciones de la calle y les acusó de ir con las «pancartas» y ser «coristas» en esas marchas sociales.

«Estamos en la obligación de defender a Castilla y León y de parar la reforma laboral por agresiva y lesiva contra los derechos laborales de los trabajadores», sostuvo Redondo, quien aludió a distintos expertos y órganos institucionales que han visto razones para recurrirla, pero, además del impacto en los trabajadores, estimó que perjudica a las pymes y no mantiene el «dique de contención» de la legislación con las multinacionales. «Se lo ponemos fácil a que una empresa como Renault se pueda marchar», dijo, para referirse a ventajas competitivas en las que han incidido Francia o Alemania.

Tanto Redondo como González coincidieron en que la reforma laboral vulnera artículos del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, ataca el derecho a la negociación colectiva y el Diálogo Social y abarata el despido, donde cuestionaron el contrato de prácticas de un año cuando el Tribunal Supremo ha ratificado que no puede ser superior a seis meses.

De la Hoz reconoció la legitimidad de IU para realizar la petición de un recurso en las Cortes de Castilla y León, pero no así al PSOE, a quien recordó que tienen capacidad -50 diputados y senadores- para que esa iniciativa se tome por su grupo en el Congreso o Senado. «Si lo tienen tan claro, presenten el recurso y no lo exijan a la Junta, son incapaces de hacerlo» en esos foros, espetó.

El PP rechazó que los grupos de izquierda se quieran «apropiar» de la Constitución como que ahí se consagra el modelo social y laboral que ellos defienden, lo que tildó de «peligroso e inmaduro», y subrayó que ahora se conculca el derecho a trabajar, también recogido en el norma, al tiempo que recordó la diferencia entre la negociación colectiva y el Diálogo Social, aunque tengan interlocutores comunes. Tampoco compartió que el Real Decreto ley del Gobierno, tramitado como proyecto de ley, no sea urgente, como mantuvo González.

Valiente frente a timorata

En sus argumentos, el popular recurrió al catedrático Guillermo de la Dehesa cuando ha recordado que la tasa media de paro no ha bajado del 15 por ciento entre 1980-2010, mientras que en Europa está por debajo del 10 por ciento, pese a momentos de crecimiento económico en España por encima de la media europea. Adelantar la recuperación y la creación de empleos son, a su juicio, objetivos de la reforma, que calificó de «valiente», mientras que se refirió como «timorata» a la del PSOE de 2010, con la que subrayó que en menos de dos años el paro aumentó en 1.400.000 inscritos.

De la Hoz sostuvo que el contrato con incentivos pretende aumentar los indefinidos ante la dualidad con los temporales y recalcó que el de un año a prueba no lleva al despido libre porque entonces también lo serían la «encadenación» de contratos temporales. De la negociación colectiva, defendió que el ámbito baje a la empresa y no sea nacional, mientras que sobre el despido por causas económicas subjetivas explicó que elevan a rango de ley lo que han dictado los tribunales y donde se ahonda en los «principios» ya marcados por el PSOE.

«Se trata de flexibilizar las condiciones para que el despido sea el último recurso», reiteró el parlamentario popular, quien recordó que los empleos perdidos en la crisis entre 1993-1995 tardaron cinco años en recuperarse. «Pedimos tiempo», concluyó. Los argumentos no movieron la critica de PSOE e IU, ya que Redondo y González insistieron en que se «santifica el despido libre».

La socialista pidió ponerse en «la piel de un parado», al que además se le han subido los impuestos y se reducen las prestaciones, y preguntar a quién beneficia esta reforma si con ella no se garantiza la creación de empleo, en referencia a los 600.000 empleos que ha reconocido el Gobierno que se pueden perder. «Si no beneficia la creación de empleo ni la salida de la crisis, a quién beneficia»», se preguntó Redondo, que apuntó a las multinacionales como beneficiarias.