La Junta ahorrará casi 200 millones con la eliminación de la extra de Navidad
La medida incluye también la supresión de la paga a los altos cargos de la administración.
El decreto ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que adapta la normativa estatal al respecto, permitirá a la Administración autonómica ahorrarse «cerca de 200 millones de euros» por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre a todos los trabajadores de la Junta y de los entes del sector público autonómico, incluidos aquellos que prestan servicios en empresas públicas y fundaciones, así como los que tienen suscrito un contrato mercantil o de alta dirección.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que la eliminación de esta paga es la medida que más ahorro supondrá, a lo que se añade la reducción a tres de los días ‘moscosos’ y la supresión de los ‘canosos’ (días libres que se obtienen en función de la antigüedad) a partir del 1 enero de 2013, con un ahorro total estimado de 219 millones de euros distribuidos entre este año y el próximo.
Recortes por igual
De Santiago-Juárez apuntó que al personal que no cobre ‘extras’ se le reducirá su retribución anual total en una catorceava parte, cantidad que se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir hasta el fin de 2012, lo que sólo ocurre en el caso del presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, que indicó que es el único miembro de la Administración que cobra en 12 pagas. Asimismo, recordó que las nóminas de todos los altos cargos de la Junta experimentarán la misma rebaja que las del resto de los trabajadores públicos de la Comunidad, al igual que las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León; los portavoces y otros cargos directivos de los grupos parlamentarios, y los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas. También los profesores de los centros privados concertados experimentarán la misma reducción que el personal docente de la enseñanza pública, mientras que las universidades públicas deberán acomodar sus retribuciones a lo establecido por el Gobierno.
La única excepción a esta regla, destacó el portavoz, son los 470 empleados públicos cuyas percepciones por jornada completa, excluidos los incentivos al rendimiento, son inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido para el año 2012 en cómputo anual (920 euros al mes).
El decreto ley adapta el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en otra serie de cuestiones, como la modificación de la prestación complementaria prevista para las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes, situándola en el máximo permitido por la normativa estatal.