La Junta «flexibilizará» las vacaciones de los funcionarios para mejorar su disfrute
Las Cortes convalidan el decreto nacional que suprime la paga extra y los ‘moscosos’.
Juan Vicente Herrera (derecha), conversa con el procurador popular Jesús M. Aguilar.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, propondrá en las próximas semanas modificar la normativa autonómica del régimen de las vacaciones de los empleados públicos con el objetivo de «flexibilizar» su aplicación, dentro de los márgenes que el Estado ha establecido en Real Decreto Ley 20/212 donde se recoge las nuevas medidas de reducción del gasto público como la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios. La homologación de este Real Decreto-Ley fue aprobada ayer en las Cortes de Castilla y León sólo con el voto a favor del grupo ‘popular’.
La Junta, «en el ejercicio de sus competencias», propondrá modificar el régimen de vacaciones de los funcionarios «para que éstos vean mejorada la forma de disfrutar de sus días de descanso». Y es que los periodos vacacionales tienen una duración mínima de una semana y el Gobierno central ha eliminado tres de los seis días de libre disposición (‘moscosos’) y la totalidad de los días libres adicionales en función de la antigüedad (‘canosos’), que podían solicitarse de forma individual.
Otra de las propuestas de la Junta está dirigida a modificar la complementación económica de la prestación por incapacidad temporal para situarla en el límite máximo de la aplicación prevista en la norma estatal. Ambas propuestas «buscarán el acuerdo de las centrales sindicales representativas en cada sector», señaló Del Olmo.
El Real Decreto Ley también recoge medidas de forzosa aplicación en las comunidades autónomas como la eliminación de la extra de enero a los empleados públicos —excepto a los salarios más bajos— o la supresión de los ‘moscosos’ y ‘canosos’. Con esta pauta el ejecutivo autonómico espera ahorra 219 millones anuales.
Adaptación
La homologación de esta normativa estatal también incluye la adaptación de la Ley de Comercio de Castilla y León a la nacional, donde se permite diez festivos y domingos de apertura autorizada, dos más que hasta ahora. También contempla la declaración de ‘Zona de Gran Afluencia Turística’, que otorga a los establecimientos instalados «plena libertad para determinar días y horas de apertura».
Tanto la consejera como el procurador del PP, Salvador Cruz, coincidieron en remarcar «los sacrificios» llevados a cabo por los funcionarios, al tiempo que resaltaron que las medidas adoptadas en la normativa estatal «buscan el cumplimiento del objetivo de déficit en un contexto de debilidad de ingresos».
Por su parte, el procurador socialista, José Francisco Martín, acusó a la Junta de ser la empresa que «más paro ha generado», y advirtió de que esta norma «vuelve a machacar a los de siempre», en referencia a los funcionarios. También rechazó el «furioso ataque» al pequeño comercio por la liberalización de horarios. «Este decreto es el penúltimo hachazo de Rajoy al Estado de Bienestar», lamentó.
El leonesista, Alejandro Valderas, también rechazó la convalidación de la norma nacional y pidió junto al PSOE que la homologación fuese tramitada como proyecto de Ley, propuesta que rechazó el PP.