La Junta adjudica contratos para desfavorecidos por valor de 5 millones
Los empleos incluyen cláusulas sociales que favorecen el empleo de discapacitados.
La consejera Pilar Marcos observa al portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.
La inclusión de aspectos sociales en los procedimientos de contratación pública —según se acordó en julio de 2012— ya ha dado sus frutos. Desde septiembre a diciembre, la Junta ha incluido este tipo de clausulas sociales en contratos por valor de cinco millones. El objetivo: favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables —personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social— poniendo mayor énfasis en los Centros Especiales de Empleo.
En estos primeros cuatro meses de aplicación, la Junta tenía previsto arrancar con una adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo por valor de 615.000 euros, si bien en ese cuatrimestre las previsiones se han rebasado. Y es que la Junta ha superado en un 45% los cálculos iniciales, al adjudicar contratos por valor de 893.068 euros a este tipo de centros.
El 6,5% de los contratos
El compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar el 6,5% del importe total de los contratos de la Administración Autonómica de limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras, a los Centros Especiales de Empleo. Unos contratos a los que estima destinar cerca de 10 millones de euros. «De hecho, de cada cien euros invertidos por las Administraciones Públicas en Centros Especiales de Empleo, 209 euros retornan a la sociedad», recordó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.
En el caso de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación general de las empresas, el objetivo es «más amplio». «Se trata de impulsar en las empresas una visión más social», explicó Marcos.
Cláusulas sociales
De este modo, la Junta prima «a la hora de adjudicar un contrato» a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Durante los cuatro meses de programa, la Junta ha adjudicado contratos por valor de cuatro millones de euros.
Entre las condiciones que deben respetar estos contratos con clausulas sociales figura que la plantilla esté formada por un mínimo del 20% de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, de desempleados, o que presenten importantes dificultades para integrarse en el mercado de trabajo ordinario. También valora que la plantilla cuente por personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años de instituciones de protección de menores.