La obra pública en la Comunidad sólo llega al 8,5% de la licitada en el 2009
Las administraciones contrataron obra por 233 millones en el primer trimestre.
La crisis económica y, sobre todo, el mal momento por el que atraviesan las arcas de las distintas administraciones han hecho de la obra pública un buen recuerdo añorado por todos los sectores pero en definitiva sólo eso, un buen recuerdo.
Las cifras, crueles en este caso, ponen de manifiesto una rebaja de la inversión pública tan espectacular que apenas hay calificativos para valorarla. Sólo un dato sirve para explicar este descalabro: en el primer semestre del 2013 se invirtieron en las nueve provincias de Castilla y León 233,3 millones. En ese mismo periodo de tiempo, en 2009, se invirtieron 2.718,9 millones, nada más y nada menos que doce veces más, según las series históricas de licitación oficial recogidas por la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
El análisis del histórico de licitación de obra pública en la comunidad evidencia una disminución de inversiones alarmante.
En el primer semestre del 2006 la licitación de obra pública alcanzó los 1.366,1 millones, en 2007 descendió ligeramente hasta los 1.228 millones para subir de nuevo hasta los 2.022 millones en el 2008.
En el 2009, el año de las «vacas gordas» en cuestión de obra pública con la promulgación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero del célebre Plan E, se batió el récord con los ya citados 2.718,9 millones en sólo seis meses, una cifra que literalmente se despeñó hasta el abismo de los 695,7 millones en 2010, a pesar de que el Gobierno Central impulsó el Plan para la Empleo y la Sostenibilidad Local que volvió a regar la comunidad de obras públicas.
El desastre
Para entonces, y tras ver reducida la inversión en obra pública hasta niveles inferiores a 2005, los constructores no adivinaban la magnitud del desastre. En el 2011, la inversión se situó en los 720 millones para caer hasta los 323,1 en el 2012. Una cifra que aún descendería en el primer semestre del 2013 hasta llegar a los 233,1 millones que han encendido todas las alarmas entre las empresas ejecutoras de obra pública.
El descenso en la inversión, aunque generalizado, no ha afectado en la misma medida a todas las administraciones. El análisis de las estadísticas hasta el 2012 permite asegurar que mientras el Gobierno central ha mantenido el esfuerzo inversor hasta alcanzar niveles razonables, el resto de administraciones, la local y la autonómica, han sufrido en mayor medida el ajuste presupuestario.
La Administración central licitó en Castilla y León en el 2005 más de 1.320 millones, cifra que se disparó hasta los 2.432 millones dos años después y que siguió subiendo hasta los 2.622 millones en el siempre recordado por los constructores año 2009.
A partir de ahí, las cosas se complicaron y en 2010 el presupuesto para obra pública descendió hasta los 540,7 millones, quizá un aviso de lo que se avecinaba, para subir de nuevo hasta los 1.594 en el 2011. En el 2012, las inversiones del Estado en Castilla y León cayeron hasta unos inéditos 381,2 millones.
En la Junta, el descenso de obra pública ha sido mucho más acentuado. Hasta el 2009 el presupuesto se mantuvo en torno a los 1.000 millo nes.
Los problemas comenzaron en el 2010, cuando cayó a los 438 millones y en 2011 hasta los 392 millones. Es de suponer que entonces los empresarios del sector pensaran que aquello no podría nunca empeorar. Pero sí lo hizo.
En el 2012, se gastó en obra pública 76,2 millones, quince veces menos que en el 2009.