El precio de los pisos de protección se reduce un 20% en venta o alquiler

Los precios para la adquisición o alquiler de viviendas con algún grado de protección que, a pesar de estar construidas, no se hayan adjudicado, se rebajarán hasta un 20%, según establece la nueva ley de medidas urgentes aprobada ayer en las Cortes de Castilla y León. El paquete, que distingue actuaciones en viviendas protegidas de titularidad pública y de promoción privada incluye, además, cláusulas como la reserva de un 30% para alquiler social, la ampliación del periodo de amortización de préstamos, la facilidad de pagos para cuotas de compra o alquiler y la flexibilización de requisitos para su acceso, entre otras. Propuestas que forman parte de un conjunto de 22 medidas que la Junta aprobó en el Consejo de Gobierno celebrado el 31 de julio, y que se tramitarán como Proyecto de Ley «para dar una respuesta activa y global a la grave situación que atraviesan las familias en su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada » y para «agilizar el mercado inmobiliario», afirmó el titular del área, Antonio Silván, para enmarcar una propuesta que se aprobó ayer en las Cortes gracias a la mayoría del Grupo Popular, y con los votos en contra del PSOE y Grupo Mixto. El consejero de Fomento y Medio Ambiente incidió en su importancia, no sólo para «paliar» las «enormes» dificultades de la población a la hora de acceder a una vivienda, sino también para «hacer frente» a las deudas contraídas para mantenerla, y abrió la propuesta a las sugerencias de los colectivos para «enriquecer » así el trámite parlamentario. Entre los colectivos con especial protección, subrayó la suma de familias con todos los miembros en paro, quienes hayan sido objeto de una ejecución hipotecaria, los que pierdan sus vivienda por sentencia de separación, quienes habiten un alojamiento provisional por operaciones de emergencia o las personas que vivan en una casa con deficientes condiciones de habitabilidad.