PP y PSOE amplían el acuerdo al blindar por ley servicios no básicos en pueblos

Cuando el mapa de Castilla y León esté «zonificado», la Junta estará obligada por ley a garantizar en el medio rural no sólo servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, sino también otros ‘no básicos’ vinculados a la «agricultura, ganadería y desarrollo rural, economía y empleo, y equipamientos culturales».

Así lo recogerá la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, después de que el Grupo Popular haya asumido el grueso de las 167 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, en la práctica, el 64% (106), bien porque se hayan aprobado, transaccionado o retirado.

El 90% de las modificaciones asumidas por el PP responden al acuerdo político cerrado el 27 de junio –durante el Debate del Estado de la Comunidad–, entre el Ejecutivo, el grupo que lo sustenta y el PSOE. Pero, tras el intenso trabajo realizado este verano en ponencia y comisión –ésta se celebró ayer y dejó el texto listo para el pleno–, el pacto se amplía con nuevos compromisos.

La reforma territorial más ambiciosa de Castilla y León, impulsada por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, cuaja como proyecto de Comunidad. Tras sortear chinas y pedruscos en el camino, puestas por propios (cargos populares) y ajenos, la ley, que tomó vuelo con el pacto de junio y se ha enriquecido más en agosto, contará con el apoyo del PSOE y la probable abstención de IU. Sólo UPL se quedará al margen.

Coberturas

Si en virtud del pacto de hace tres meses la Junta se comprometía a garantizar en los pueblos la cobertura del Estado de Bienestar, ahora, por los acuerdos en comisión, lo hará con las unidades veterinarias o las oficinas de empleo, por ejemplo. «Estas Consejerías generan actividad y empleo», justificó Francisco Ramos, negociador por el PSOE en las últimas semanas.

En los tres años siguientes a la aprobación del mapa de unidades básicas, el Gobierno autonómico mantendrá sus servicios «en la ubicación actual»; entretanto, se fijarán «unos estándares mínimos» para garantizar una cobertura suficiente.

Los dos mapas (de unidades básicas y áreas funcionales) resultantes de esta reforma –que se aprobarán por ley y por mayoría reforzada, como se pactó en junio– se incorporarán al Plan Estadístico, «un instrumento de transparencia ciudadana», que aportará información sobre la población, la economía o la dotación de servicios en cada unidad básica.

Otra mejora clave del texto, que refuerza el «espíritu municipalista», supone incorporar a esta ley el Fondo Autonómico de Compensación. Como ocurre con el Plan Plurianual de Convergencia Interior, se regulará si la economía crece por el encima del 2%. «Se recogen así todos los fondos del Estatuto», añadió el portavoz socialista en la comisión.

«Este modelo no es el del PSOE, ni es una ley de ordenación, pero aborda con eficacia problemas estructurales (...) el resultado es de plena satisfacción», resumió Ramos, tras agradecer la «generosidad» del PP y destacar la «responsabilidad y palabra» del PSOE. En un clima de pleno entendimiento con el PP (no hubo turnos de réplica), el procurador socialista lanzó un aviso: «No consentiremos que la ley sea una coartada para hacer recortes».

El mismo espíritu mostró su homólogo popular. Juan José Sanz Vitorio afirmó que el PP ha aceptado enmiendas no vinculadas al pacto por entender que, «manteniendo el modelo, mejoraban la ley». Un ejemplo es la puerta abierta a la constitución voluntaria de comarcas, modelo más afín a los socialistas.

Sanz Vitorio, que elogió la «actitud constructiva» de los grupos, sugirió que el PP podría aprobar en el pleno alguna enmienda más de las 59 del PSOE que llegan vivas, como las relativas a función pública. Satisfecho, hizo hincapié en la «tremenda relevancia» de que también el desarrollo de la ley sea una «cuestión de Comunidad».

«Nos va a obligar a seguir entendiéndonos», añadió.