Castilla y León sigue creando escuela

El modelo retributivo de las Cortes de Castilla y León, en el que uno de cada cinco procuradores tiene sueldo de la Cámara y el resto percibe dietas por asistencia, se aplica en la asamblea de Castilla-La Mancha desde el pasado mes de enero y ahora se ha planteado en el Parlamento balear, aunque en esa comunidad insular también se ha propuesto la reducción de diputados, algo que no se contempla aquí, como dejó claro el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el último pleno parlamentario.

El cumplimiento del objetivo de déficit y de sostenibilidad de las cuentas públicas y la reforma de las administraciones públicas, marcados por el Gobierno central, está en la base de las iniciativas de ambas comunidades autónomas, si bien en el resto no se ha abierto el debate sobre el sueldo de los diputados, excepto en Madrid, cuando gobernaba Esperanza Aguirre, y en Galicia, si bien está aparcado ahora en ambos territorios.

En Baleares la propuesta realizada por su presidente, José Ramón Bauzá es mixta, ya que se plantea la reducción de los diputados de 59 a 41 y la supresión generalizada de sueldos de los miembros de la Cámara autonómica. La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento balear, Mabel Cabrer, explicó a Ical que la disminución de diputados exige la reforma de la ley electoral y no hay consenso con los grupos, aunque afirmó que para pasar al modelo de dietas, de no haber pacto, se hará en la próxima legislatura por acuerdo de la Mesa, si gana el PP.

Castilla y León es la única comunidad pluriprovincial desde 1983 en la que nunca ha habido sueldos de manera generalizada y por tanto dedicación exclusiva para los procuradores, y en cada legislatura se fija un cupo de liberados. En la actualidad, tienen retribución de la Cámara 20 parlamentarios, los cinco miembros de la Mesa, los nueve de la dirección de los grupos y seis procuradores de a pie. Así, el 76 por ciento no está liberado y sólo uno de cada cinco lo está.

Cospedal

Este es el modelo que impuso María Dolores de Cospedal en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde desde el pasado 1 de enero se suprimieron los sueldos, excepto para los miembros de la Mesa y portavoces de los grupos, mientras que el resto percibe una indemnización de dietas por asistencia a las sesiones con una media de 1.600 euros al mes, cantidad similar a la que se ingresa a los procuradores de Castilla y León no liberados.

«Antes la pregunta en Castilla y León era cuando se iban a generalizar las retribuciones para todos los procuradores y ahora es al revés», advirtió el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para quien en este momento el modelo retributivo parlamentario de la Comunidad es referencia en otras autonomías.