«No tenemos intención de retomar aún las inversiones»

—¿Los próximos presupuestos tendrán un incremento en la partida social?

—Todavía no tenemos los datos.

—No le pido el dinero exacto, hablo de la previsión con la que usted ya trabaja.

—El presupuesto lo que debe es garantizar la prestación de todas las políticas de la Comunidad. Las consejerías no sociales han hecho un esfuerzo muy importante en estos años a favor de las sociales. Un esfuerzo que hay que reconocer, a favor por ejemplo de la Consejería de Familia para que pueda seguir atendiendo a los dependientes y para que Castilla y León pueda estar liderando el sistema. Pero no es menos cierto que el presupuesto del año que viene va a ser menor que el del año pasado. Lo que es una responsabilidad política y gestora es el poder garantizar los servicios en el escenario presupuestario que nos estamos moviendo.

—¿Se va a poder garantizar con menos dinero como augura?

—No auguro ni lo uno ni lo otro. Lo que digo es que la atención directa a las personas se va a garantizar.

—O sea que de reiniciar las inversiones paradas o comenzar unas nuevas ni se habla.

—Las inversiones no está previsto retomarlas hasta que no se pueda compatibilizar en el presupuesto la atención directa y las inversiones. Por lo tanto, hasta que la crisis y la recesión económica no se superen y los Presupuestos de la Comunidad lo permitan no tenemos intención aún de retomar las inversiones.

—¿La crisis va servir al menos para evitar que en un futuro no se malgaste en edificios e inversiones que ahora no se usan?

—Es cierto que se hicieron inversiones que ahora se ha visto no eran necesarias. Creo que de todo se aprende y de esta crisis tenemos que aprender de lo estamos haciendo, de lo que no se debió hacer y, sobre todo, de aunar esfuerzos y coordinarnos para evitar duplicidades. Tenemos que remar en el mismo sentido, porque así damos una mejor respuesta al ciudadano, a quien le da igual quién le resuelva el problema. Necesita una respuesta única, una única solución, con indiferencia de que lo preste el Ayuntamiento, la Comunidad o el Estado. Por ejemplo, en el problema de los desahucios, una llamada al 012 y ya nos ocupamos nosotros.

—Eso está muy bien y es muy bonito, pero necesita dinero.

—Por supuesto, sin ninguna duda. Por eso este año, además sabiendo de las dificultades de los ayuntamientos, hemos aprobado ya la partida del próximo: 174 millones de euros aprobó el Consejo de Gobierno para garantizar los servicios sociales de los ayuntamientos y corporaciones locales este año y el próximo.

—¿Y cómo se encaja en la actual reforma local?

—Pues en ello estamos. Desde Castilla y León estamos encajando un modelo territorial, un modelo de prestación de servicios sociales descentralizado y coordinado. Liderado y por la Comunidad Autónoma, pero con una garantía de atención directa y proximidad al ciudadano. Por eso llevamos trabajando todos estos años, por eso hemos puesto la financiación para este año y el próximo e intentaremos que todas las enmiendas que se vayan presentando vayan en este sentido y que Castilla y León pueda ser escuchada. Hay un acuerdo de todos los grupos políticos para dar consistencia al modelo de Castilla y León y los resultados están ahí.

—Pero, insisto consejera, es necesaria la dotación económica. ¿Los ayuntamientos y las diputaciones van a contar con el dinero suficiente para poder atender esos servicios?

—Ya están contando en este momento. La negociación es bis a bis. Nos sentamos con cada una de las corporaciones para definir cuáles son sus necesidades en dependencia, exclusión social. Todo lo que se incorpora en el mecanismo de la financiación está financiado en los términos que se acuerda con cada corporación. Hay 47 millones para el servicio de ayuda a domicilio, que se dice pronto, para un año. Hablamos de 90 millones en dos años. Cada corporación lleva lo que ha solicitado. En eso estamos. Hay que sentarse con las corporaciones locales y ver cómo queda la Ley, porque cada corporación local tendrá su planteamiento.

—¿Es partidaria de que las competencias de las escuelas infantiles sigan siendo de los servicios sociales o cree que deben pasar a Educación, como algunos reclaman?

—La educación tiene su margen y es a partir de los tres años. Otra cosa es que de cero a tres años los menores que lo necesiten, ni siquiera todos, estén en un centro. No es obligatorio. No tienen currículum educativo. Son centros de conciliación en los que los menores están atendidos, se les enseña socialización… A un pequeñito se le enseña a comer, a comportarse en la mesa, a andar en muchas ocasiones… Les podemos llamar guarderías, centros educativos, la denominación que queramos, pero al margen de lo que pueden ser debates ideológicos la realidad es tozuda: los centros están vinculados a las necesidades de conciliación de las familias. Es un instrumento de conciliación, no del sistema educativo, que es a partir de los tres años. Las competencias tienen que estar donde están. En cualquier caso, de quién dependan es lo de menos. Lo que tienen que hacer es dar un servicio. A las familias les da igual quién los gestione. Lo importante es hacerlo bien.

—¿No deberían ustedes hacer un control más férreo de los precios de las guarderías para evitar ciertos desfases?

—Debemos habilitar mecanismos para que todas las familias que lo deseen puedan tener una plaza en una guardería pública. Y se está haciendo con los complementos que ponen muchos ayuntamientos para que las familias con menos recursos puedan pagar esos centros. No tengo constancia de precios abusivos en centros públicos, otra cosa es si su gestión se ha dado a una empresa. Los precios son razonables.