IU y Ecologistas tildan de «ladrones de cuello blanco» a directivos de las cajas
Se personan contra los consejeros que concedieron créditos a sus constructoras.
El letrado Gorka Esparza, José María González y el representante de los ecologistas, ayer.
«Quién ha votado qué». Esa es la cuestión de la que quieren obtener respuesta tanto Izquierda Unida Castilla y León como Ecologistas en Acción, que se han personado como acusación particular contra los directivos de Caja España y Caja Duero (ahora integradas en el Banco CEISS) en las diligencias abiertas en un juzgado de León por una concesión de préstamos en la que, supuestamente, estarían implicados miembros del Consejo de Administración de las propias cajas. Podrían haber incurrido en un presunto delito societario al causar perjuicio a las entidades en beneficio propio.
Fue la Fiscalía quien instó al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital leonesa a abrir diligencias en las que ahora se personan la coalición y la agrupación ecologista. La propia Fiscalía llegó a investigar hasta 29 operaciones relacionadas con cuatro empresas constructoras cuyos propietarios o accionistas, en muchos casos, forman o han formado parte del Consejo de Administración de las cajas. Javier Gutiérrez, de Ecologistas en Acción, puso como ejemplo a Santos Llamas, ex presidente de Caja España.
Modus operandi
El supuesto modo de operar de estos constructores era concederse préstamos desde las entidades financieras de las que formaban parte hacia sus empresas. Esos créditos, tal y como informó el abogado de IU, Gorka Esparza, alcanzan unos 67 millones de euros en el caso de Caja España —con un «riesgo vivo» de 55— y 8,8 en el de Caja Duero —con un riesgo vivo de 3 millones—.
Esas operaciones, que causaron «perjuicio a depositarios y ciudadanía en general», eran «de riesgo, sin garantías y al final ruinosas, no fueron supervisadas y nadie puso orden». Es más, los ‘autocréditos’ supuestamente se concedían a empresas «morosas o de escasa solvencia», mientras las cajas «recibían el dinero de los preferentistas y acometían desahucios».
José María González, coordinador de IU Castilla y León y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, se refirió a la necesidad de «llegar al final del recorrido» para poder aplicar «medidas ejemplarizantes», porque «los ladrones de cuello blanco que han robado deben tener responsabilidades y responder ante lo que han robado».
El objetivo es, además, conocer qué consejeros de las cajas decidieron aprobar las operaciones, para responder a la citada pregunta de «quién ha votado qué».
Responsabilidades
El propio González exigió «responsabilidades políticas» a Junta, PP y PSOE. En el primer caso, porque esas operaciones presuntamente delictivas contaron «con el aval de la Junta, que dirá que sólo han cubierto los expedientes, que no han profundizado, pero deberían haberlo hecho». En cuanto a PP y PSOE, el «poder político mayoritario», según González, ambos partidos nombraron a esas personas en el máximo órgano de las cajas. Criticó, además, los «saltos al vacío» del secretario general del PSCyL, Julio Villarrubia, por su defensa de José Francisco Martín.
Gorka Esparza insistió en que tanto Banco de España como Junta de Castilla y León deberían haber «profundizado» en estos movimientos que «han causado un perjuicio de 65 millones de euros» a las antiguas dos cajas. Además, señaló el artículo 295 del Código Penal, el que podría haberse vulnerado.