La intermediación de las agencias privadas de colocación será «mínima» en 2014 y 2015
CCOO rechaza el lucro con esta actividad y cree que el PP pretende potenciar estas empresas con labores de formación en el futuro
La cooperación público privada en materia de intermediación para el empleo tendrá un impacto «mínimo» en Castilla y León, y las agencias de colocación atenderán en el mejor de los casos a 10.000 desempleados en la Comunidad en 2014 y 2015 (5.000 cada ejercicio), apenas el cuatro por ciento del total actual. CCOO en Castilla y León estima que la Comunidad recibirá en torno a diez millones de euros del acuerdo marco nacional en la materia, un cinco por ciento de los 200 previstos para los dos próximos años. Con un coste medio de mil euros por la atención de cada trabajador, la labor de intermediación de estas agencias privadas llegaría a ese máximo de parados, una cifra «irrisoria».
Este cálculo se establece con esa media de desembolso, partiendo del esquema de pago fijado para las agencias, que contempla un mínimo de 300 euros y un máximo de 3.000 por trabajador, dependiendo de la inserción conseguida en función de la edad y el tiempo en el desempleo (el máximo se establece para mayores de 55 años con más de dos años en paro); por adscripción de personas; incentivo por especial dificultad por discapacidad o exclusión social, por mantenimiento del puesto y por resolución de irregularidades.
El secretario de Empleo y Formación de CCOO, Saturnino Fernández, quiso dejar claro a Ical que desde su sindicato rechazan este modelo de participación privada de las agencias de colocación, para que se lucren de las labores de intermediación. Partiendo de esta base y asumiendo la nueva regulación, que está extendida por Europa, indicó que estarán vigilantes a los convenios que suscriba la Junta con cada una de las empresas de colocación que estime oportunas.
En este sentido, precisó que el acuerdo nacional, al que se adhirió Castilla y León, contempla la selección de 60 agencias de colocación para desarrollar estas labores, de las más de 700 autorizadas en el territorio nacional. En este sentido, reseñó que el margen para trabajar en la Comunidad con los fondos previstos «es mínimo» y, a su juicio, la Junta no suscribirá acuerdos con el total de las 60 a las que se autorizará labores de intermediación.
«No puede haber 60 porque no habría dinero para todas. La realidad es que de momento las entrada de los servicios privados e mínima», dijo. Sin embargo, advirtió de que esta situación puede cambiar, ya que, a su juicio, el PP «quiere meter más dinero» hacia estos servicios privados y junto a la intermediación, también trasladar paquetes de formación, que en la actualidad no está contemplado en la legislación.
En este contexto, resumió que las agencias de colocación con las que trabajará la Junta están aún por definir, así como los fondos y el número de trabajadores desempleados que recibirá atención. Aspectos que se pondrán sobre la mesa durante el proceso de negociación de la reforma del Servicio Público de Empleo, dentro de las mesas del Diálogo Social, que está en ciernes en la actualidad. Fernández insistió en que esa colaboración público privada será mínima y recalcó que lo fundamental del diálogo abierto sobre el ECyL ya está pactado con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y se refiere al mantenimiento de la naturaleza jurídica como ente público.
Cabe recordar que el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya expuso a Ical, que se recurrirá a estas empresas privadas de colocación para «cosas puntuales», ya que «se trata de que funcionen al margen de la Junta, y sólo trabajarán con aquellas especializadas y que sean las mejores». Asimismo, siempre ha defendido estas labores para colectivos muy concretos y con especiales dificultades de inserción.
El acuerdo marco nacional sobre agencias de colocación, al que se han adherido todas las autonomías, excepto Cataluña, País Vasco y Andalucía, que harán su propia selección de empresas, contempla que los servicios que prestarán serán de inserción en el mercado de trabajo, es decir, de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas, etc. A estos efectos y en relación a lo valores definidos en el esquema de pagos a las agencias, sólo se considerará un servicio integral al parado, si culmina con una contratación de seis meses a tiempo completo, en un periodo de ocho (si es fijo discontinuo, de seis meses en un año).
En estos momentos, aún no se ha resuelto el proceso de licitación nacional para escoger a las 60 agencias de colocación. Una vez que se resuelva, las autonomías tendrán que celebrar contratos con las que consideren oportuno. «Es decir, posiblemente se agotará 2013 sin que este asunto sea puesto en marcha a efectos de actuaciones concretas con los desempleados», dijo Fernández.
«CCOO de Castilla y León trabajará para que haya un modelo claro de convenios, con competencias claras y concretas. Convenios que no empeoren por otras vías las características de este acuerdo marco y, sobre todo, para delimitar y mejorar en lo posible las funciones y actuaciones, los colectivos de desempleados y los pagos a efectuar por el ECyL a las agencias por dichas actuaciones», concluyó.