Herrera pide una reforma constitucional para perfeccionar el estado autonómico

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mostró ayer durante la inauguración de las XIX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en El Burgo de Osma (Soria), su apoyo a un «modelo autonómico que puede y debe perfeccionarse, incluso con una reforma constitucional que cuente con unos objetivos claros, y con la base del más amplio acuerdo político y social». El máximo dirigente del Ejecutivo autonómico aseveró que además se pueden sumar «iniciativas concretas que solucionen algunos de sus principales defectos prácticos, como es el caso de un actual sistema de financiación fallido e insuficiente».

No obstante, Herrera dejó claro su pleno respaldo al modelo autonómico, «pese a la realidad de esos defectos -que hay que reconocer- ineficiencias y duplicidades, e incluso pese al reproche que merecen algunas actuaciones autonómicas particulares, creo que una descalificación global del modelo es injusta por principio y supondría un despropósito histórico». Además de seguir siendo «mejor que cualquier otra de las alternativas que hoy plantean algunos».

En este caso explicó cómo los países intervenidos durante la crisis dentro de la Unión Europea habían optado precisamente por un modelo más centralista, mientras los «los más dinámicos cuentan con una amplia descentralización política y administrativa».

Durante el discurso, pronunciado ante el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y los miembros de su Asociación de Letrados, Herrera ahondó en el hecho de que estas reformas deben realizarse con mucha cautela. «Es el valor superior de estos principios constitucionales de igualdad, solidaridad, equidad, equilibrio, y garantía del interés general el que justifica que muchos planteemos reservas, y pidamos mucha prudencia, en la utilización de algunos de los instrumentos técnicos que ahora van a ponerse encima de la mesa para argumentar, debatir y decidir ese futuro cambio del modelo de financiación autonómica», apuntó.

A su juicio, en ningún caso se debería optar por «un esquema tan simplista como el de la financiación ‘per capita’», esto es, en función del número de habitantes de cada Comunidad autónoma. Herrera ofreció algunos argumentos prácticos para reforzar esta aseveración como presidente de un territorio con un amplio peso del mundo rural y un envejecimiento patente. Por ejemplo, el coste de la asistencia médica a una persona de 75 años es siete veces más elevado que el que genera un joven de 14 años y «el coste real de un alumno de nuestro sistema educativo es un 40% superior en el mundo rural que en el urbano».

Eficaz y pacífica

Herrera advirtió que para que la reforma de la financiación «sea eficaz y pacífica», debe afrontarse de una forma «sensible con las circunstancias particulares del mundo local de cada territorio y así, facilitar su adaptación razonable a sus previsiones, también en los plazos para ello». También reclamó que «solucione realmente el problema de las llamadas ‘competencias impropias’» y allane el camino a la agrupación voluntaria de municipios para mantener los servicios a una escala razonable.

La llamada a la solidaridad volvió a repetirse de forma diáfana, al aseverar que el nuevo escenario de financiación «tampoco puede ser el resultado de una lectura territorial de un mero balance de recursos, de flujos económicos o intercambios comerciales. Pues al fin, los impuestos los pagan las personas y las empresas, nunca los territorios. Y de la misma manera los servicios los reciben aquéllas», explicó en clara referencia a las recientes propuestas desde Cataluña. Precisamente Herrera fue firme con las corrientes separatistas aunque eludió señalar los ‘puntos calientes’. «Los proyectos secesionistas son sencillamente irreales, por antihistóricos y por antieconómicos». El presidente de la Junta reconoció que hacen «daño a todos», pero vaticinó que «están condenados al fracaso». En este sentido, antes había apuntado, como añadido al discurso oficial, que la «solidaridad» como principio constitucional equipara a todos los españoles «cualquiera que sea su lugar de residencia».

En este sentido reiteró su ‘beneplácito’ a una reforma constitucional destinada a perfeccionar el sistema tras comprobar los resultados de los cambios acometidos en 2011 con motivo de la crisis y el endeudamiento de las Administraciones. En sus palabras, el principio de estabilidad presupuestaria se manifiesta «como valor estructural y condicionante de la capacidad de actuación de todas ellas».