El Gobierno escucha poco al Legislativo
Sólo la lucha por la norma del ibérico se resolvió a favor de Castilla y León , mientras la ofensiva contra la reforma local ha dado un resultado parcial .
El Gobierno central ha convertido en papel mojado la mayoría de las iniciativas que le han hecho llegar las Cortes de Castilla y León. Daba igual quién fuera el inquilino en la Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han ignorado sus requerimientos. Veinte proposiciones no de ley (PNL) han dirigido los Grupos al Gobierno –aprobadas en pleno– desde que comenzó la legislatura y sólo dos, las relacionadas con la norma del ibérico, han tenido una resolución favorable para los intereses de la Comunidad.
Por iniciativa de los socialistas primero, y en unión con los populares después, con el aval del sector, la Consejería de Agricultura logró que el Ministerio eliminase el porcentaje de pureza racial en la denominación de los productos ibéricos.
Miguel Arias Cañete cedió ante sus pretensiones iniciales, mientras su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, candidato a ganarse el título de persona non grata en Castilla y León, es más reacio a dar su brazo a torcer.
Su agresiva reforma local para el municipalismo ha tenido una contestación unánime en las Cortes. En marzo, poco tiempo después de conocerse el primer borrador de la norma, PP, PSOE y Grupo Mixto plasmaron en una PNL el blindaje de las entidades locales menores: las declararon «esenciales» y reclamaron «garantías de continuidad».
En junio, la ofensiva se intensificó con dos iniciativas socialistas, respaldadas por el resto de Grupos. Una solicitaba la retirada del por entonces proyecto de ley. La segunda, aprobada 15 días después, dejaba claro el «rechazo» de Castilla y León a la «supresión o fusión de ayuntamientos»;se oponía a la «reducción de servicios públicos»;y solicitaba el reconocimiento de las «singularidades» de la Comunidad.
Las enmiendas del PP en el Congreso han tenido en cuenta parcialmente esas peticiones. A priori, ofrecen más facilidades para salvar las pedanías o mantener servicios. Pero la reforma sigue aún en plena tramitación parlamentaria. Cristóbal Montoro rivaliza con su compañero José Manuel Soria en la carrera por zancallidear a Castilla y León. El carbón ha ocupado durante meses sesiones en las Cortes. La mayoría popular llegó a validar proposiciones en las que se reclamaba al Gobierno su intermediación ante Bruselas para «defender la minería más allá de 2018». El conflicto minero no se resolvió hasta finales de septiembre, con la firma de un Plan del Carbón agridulce.
La Junta también ha recibido mandatos de las Cortes en este sentido. Y, aunque sus competencias son limitadas y está maniatada por acuerdos del Gobierno de Zapatero con Bruselas, no ha hecho público, por ejemplo, el informe «sobre las consecuencias del cierre desordenado» de las explotaciones.
La guerra con Soria por el cierre de Paradores también se libró en el Parlamento autonómico. El Grupo Popular requirió al Gobierno «medidas para reabrir y evitar nuevos cierres». El Ministerio sólo accedió a flexibilizar el calendario de apertura de Villafranca del Bierzo
El titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha levantado polvareda a cuenta del informe que debía servir de base para el anteproyecto de ley de Planta Judicial, que arrasa con el actual mapa de partidos judiciales. El PP apoyó una iniciativa del PSOE contraria a ese documento y ambos grupos presentaron dos PNL conjuntas reclamando al Gobierno que en las demarcaciones atendiera las «peculiaridades sociales y demográficas» de Castilla y León. La norma no ha llegado ni al Consejo de Ministros, pero Gallardón no parece dispuesto a dar su brazo a torcer.
Sobre la mesa del despacho de Ana Mato descansa la última PNL aprobada el miércoles por unanimidad de las Cortes, pidiendo que deje sin efecto el copago hospitalario.
La sordera ante las peticiones de la Cámara autonómica no es un mal exclusivo del gabinete de Rajoy. En los dos meses y medio que transcurren desde que arrancó la legislatura en la Comunidad hasta las elecciones generales, el Grupo Popular aprobó seis PNL. Se concentraron en septiembre y octubre, cuando Zapatero estaba ya de retirada (anunció el 29 de julio de 2011 comicios anticipados). Ninguna prosperó.
Elena Salgado, por entonces ministra de Hacienda, retrasó a noviembre la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal clave, que las Cortes pidieron con urgencia para que la Junta pudiera elaborar sus presupuestos. El resultado es que hubo de prorrogar los de 2011. Tampoco autorizó a las autonomías la devolución en diez años –y no en cinco– de las liquidaciones negativas del modelo de financiación. Petición que sí asumió Rajoy a las pocas semanas de llegar al Gobierno.
Miguel Sebastián se marchó de Industria tras sentenciar a muerte a la central de Garoña. Ignoró la PNL de las Cortes, que le pedía un «informe de evaluación» del Plan Garoña.