15.000 políticos, sólo el 3% con nómina

Por plantilla, serían la primera empresa en importancia en Castilla y León. Bajo las siglas de PP, PSOE e IU trabaja un ejército de más de 14.800 personas, el doble de los empleados que tiene Renault.

Viven para la política, sí, pero no de ella, porque apenas el 3% –alrededor de 450 personas– perciben una nómina, la abone el partido o las instituciones. Cuestión aparte, e incuantificable, es el número de los que reciben dinero público por dietas u otros conceptos o los beneficios no pecuniarios que por razón de su cargo puedan obtener.

El gran batallón de ciudadanos dedicados a lo público en la Comunidad lo constituyen los 2.116 alcaldes (1.666 del PP, 437 del PSOE y 13 de IU) y 12.103 concejales que dirigen los destinos de los más de 6.000 núcleos de población de la Comunidad. Sin embargo, sólo los que ocupan corporaciones en las capitales – suman 66 dedicaciones exclusivas o parciales– o municipios grandes cobran un sueldo por ello, que en ocasiones engorda con otras retribuciones por su participación en sociedades, consorcios y otros entes. El resto, que son el 99%, trabajan gratis por su pueblo o, en el mejor de los casos, cubren gastos con dietas.

«Aquí al 99% de concejales les cuesta dinero serlo. Desde los despachos de Madrid dicen que sobran ediles, pero la realidad en Castilla y León es que cuanta más gente esté involucrada y al servicio público, menos gasto en los ayuntamientos», asegura el coordinador de Organización del PPCyL, Raúl de la Hoz.

«Cuanto más se baja de escalón municipal por tamaño, más altruista es el trabajo de los concejales», agrega el secretario de Organización del PSCyL, Julián Simón de la Torre. «No sobra ni un concejal; cada uno tiene su papel y lo desarrolla voluntariamente», coincide el coordinador de IU, José María González.

En el segundo escalón de la Administración, las diputaciones, figuran 222 políticos: 141 del PP, 77 del PSOE y 4 de IU. El régimen de retribuciones en cada institución es diferente y los partidos carecen de información centralizada, pero sólo una cuarta parte (57 diputados) ingresan un sueldo con cargo a las arcas de la institución, ya sea en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

En el Ejecutivo autonómico, el plantel de altos cargos populares está integrado por 79 personas, con el presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, e incluyendo a consejeros, secretarios y directores generales.

Ni en este último recuento ni en los que afectan a las administraciones local y provincial están incluidos los asesores, personas de confianza puestas por los políticos, que también viven de un sueldo público.

En el poder legislativo, las Cortes figuran entre los parlamentos autonómicos más austeros de España. De los 84 procuradores, sólo 18 están liberados y, por tanto, perciben una nómina que paga la institución. Son los cinco miembros de la Mesa (tres PP y dos PSOE); los portavoces y viceportavoces de los Grupos (3 PP, 3 PSOE y 2 Mixto) y cinco procuradores más (2 del PP, que renunció a un tercero, y 2 del PSOE).

Los 66 diputados autonómicos restantes perciben dietas por asistencia a plenos y comisiones. Según la información recopilada por Ical en 2012, cada uno se embolsa de media 1.800 euros por este concepto al mes (hay periodos no hábiles), kilometraje aparte. En la España del paro y de la devaluación salarial, es una cantidad nada desdeñable la que reciben sus señorías. Pero los políticos matizan.

«El procurador que no está liberado, tiene que dejar su empresa el día que se traslada para un pleno; pierde dinero en su negocio o se lo descuentan de la nómina, además de gastos de gasolina y comida. Esto no es jauja, ni te forras con ello», explica gráficamente Julián Simón de la Torre, vicepresidente de la Mesa por el PSOE.

Como su compañero de IU y portavoz del Mixto, aboga por eliminar tabúes en torno a los políticos liberados. «Poca dedicación a la política puede tener quien ha de dejar su negocio para venir a un pleno. Yo defiendo que haya dedicaciones exclusivas en política, con salarios dignos. Pero, eso sí, con un régimen de incompatibilidades que impida dedicarse al mismo tiempo a una actividad privada, que puede entrar en conflicto», explica José María González.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, elogia el modelo parlamentario de Castilla y León. «Es un ejemplo de austeridad, y muchas comunidades nos toman como referencia», subraya. Su compañero Raúl de la Hoz tercia en el debate sobre lo bien o mal pagados que están los políticos. «Hay que mirar cada caso, contrastar la responsabilidad que asume y su cualificación», dice.

La nómina de políticos con DNI regional en órganos legislativos nacionales se completa con los 72 diputados y senadores que ocupan escaños en las Cámaras Baja y Alta.

Fuera de las instituciones, los políticos tienen su sitio en los partidos, aunque no cobran por ello, según la información facilitada por las tres organizaciones más votadas en las últimas elecciones autonómicas. En la cúpula del PP, el presidente del partido, Juan Vicente Herrera, sólo percibe sueldo como jefe del Ejecutivo. Y en ese escalafón hacia abajo, el resto de cargos –consejeros, alcaldes, diputados...– cobran de las instituciones.

Lo mismo ocurre en el PSCyL. El secretario general, Julio Villarrubia, cobra del Congreso por su cargo de diputado, y el portavoz parlamentario, Óscar López, de las Cortes. En la Ejecutiva hay procuradores y alcaldes, a los que tampoco paga el partido. En IU, los 48 miembros del Consejo Político no tienen asignación; ni siquiera dietas por asistencia, salvo por kilometraje y previa justificación. El coordinador autonómico tiene la nómina de las Cortes.

Detrás del entramado político de los partidos, también hay personal anónimo trabajando. Y ellos sí reciben una nómina a final de mes, abonada por estas ‘empresas’. En las diez sedes del PP (9 provinciales y la autonómica) desempeñan sus tareas 25 personas; y otras seis trabajan en las Cortes, ayudando al Grupo, su pagador, con cargo a la asignación que tienen los tres grupos de la Cámara.

En la trastienda del PSOE, 16 personas trabajan en la sede autonómica y otras 13 (en términos de jornada completa) en las provinciales. Alguna, como Segovia, está ‘vacía’ por el ERE que aprobó Ferraz. A este plantel se suman los seis trabajadores ‘anónimos’ de las Cortes de Castilla y León.