La Junta da rango de ley a su reforma administrativa y ahorra 38,5 millones
Aprobará en enero el anteproyecto que modifica 12 leyes y reducirá la burocracia.

El consejero de la Presidencia, De Santiago-Juárez, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
La reforma de la administración autonómica en Castilla y León tendrá rango de ley y afectará a su estructura, organización y plantilla, pero también a su funcionamiento interno y externo, en su relación con otras instituciones y con ciudadanos y empresas.
En 2014, la Junta pondrá en marcha 66 medidas nuevas, que supondrán un ahorro de 38,5 millones. Pero el anteproyecto legislativo, que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera aprobará «en enero», aglutinará las iniciativas puestas en marcha desde que arrancó la legislatura, y que ya han adelgazado el gasto público y privado en casi 245 millones, según sus cálculos.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, expuso ayer ante el Pleno de las Cortes las líneas gruesas de la reforma CORA de Castilla y León y tendió la mano para el consenso a los grupos parlamentarios, que hoy podrán presentar y debatir sus propuestas de resolución.
Muchas de las 66 medidas que el consejero enmarcó en 2014 son continuación de otras en vigor; algunas son asignaturas pendientes; y otras son novedosas. «No se trata de hacer una revolución, sí de culminar una evolución», precisó De Santiago-Juárez, quien compaginó la exposición de las iniciativas con la del balance de lo ya realizado.
Concebida como una norma «paraguas», su articulado modificará 12 leyes en vigor, entre ellas las de Gobierno y Función Pública, y alterará el contenido de decretos y acuerdos de Junta. La intención del Ejecutivo es que se tramite por el procedimiento de urgencia y salga aprobada de las Cortes en el mes de marzo.
SECTOR PÚBLICO. La poda a la administración paralela continuará a lo largo del próximo año, de forma que en diciembre de 2014 el número de empresas y fundaciones sobre los que la Junta tiene poder de decisión y/o vinculación económica habrá quedado reducido a 18 entes, de los 36 que conformaban la nómina de dependientes . Y 15 de ellos habrán sufrido «ajustes» en personal o subvenciones, por lo que el ahorro será de 18,1 millones.
No obstante, más trascendente que la reducción cuantitativa será la «limitación» que regulará la Junta por ley, tanto para crear nuevas empresas públicas, como para aportar dinero a entidades privadas. En esta línea, el consejero anunció la reducción de transferencias a la Fundación Siglo (1,5 millones menos) y a la Fundación Santa Bárbara (un 60% menos de fondos). Será objeto de «estudio» la integración del Centro de Supercomputación en otro ente.
MENOS BUROCRACIA. Las nuevas tecnologías serán el mejor aliado de la Junta en su reforma interna. Hasta un total de 178 procedimientos, relacionados con la creación de una empresa, con formación, evaluación ambiental y subvenciones podrán tramitarse a través del tablón de anuncios electrónicos. Y el 56% de los trámites que habitualmente realizan los ciudadanos con la Administración podrán realiarse on line . Incluso, será por esta vía por la que reciban, si quieren, notificaciones oficiales. Y se habilitará una oficina virtual de la caja de depósitos.
Trámites a golpe de click y menos papeleo. Porque la Junta reducirá la documentación necesaria para los trámites más habituales o la simplificará, aumentando el número de procedimientos en los que bastará una autorización provisional o una declaración responsable.
FUNCIÓN PÚBLICA. Al otro lado de la ventanilla, los 86.000 empleados de la empresa más grande e importante de Castilla y León, la Administración autonómica, también percibirán cambios. El consejero anunció la «flexibilización» de los instrumentos de ordenación de personal, de forma que los funcionarios no se adscribirán a negociados, secciones o servicios, sino a «estructuras más amplias». Las RPT serán aprobadas por «acuerdo de Junta» y se «homogeneizarán» los puestos de trabajo.
ORGANIZACIÓN. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos tendrá más peso en la estructura del Gobierno, para «reducir los tiempos de tramitación».
El Consejo de Cooperación Local, simplificado en su composición y estructura, llevará la batuta en la relación de la Junta con las entidades locales. Las menores recibirán ayuda para rendir cuentas antes del 31 diciembre de 2014, como les exige la reforma local so pena de desaparición.
Antes de marzo, la Junta reducirá en un 60% los órganos sectoriales de participación y unificará los 16 observatorios existentes.