Mato se comprometió a no aplicar el copago tres meses antes de aprobarlo

El copago farmacéutico hospitalario para enfermos crónicos está en vigor desde el pasado 1 de octubre, pero aún ninguna Comunidad Autónoma lo está aplicando, pese a ser una norma de rango superior y, por tanto, de obligado cumplimiento. La razón de esta ‘insumisión’ de los gobiernos autonómicos no es otra que la de considerar la medida injusta e innecesaria.

Algo en lo que, hasta no hace tanto, también parecía coincidir el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza, ya que tres meses antes de aprobar este nuevo recorte sanitario, hizo suyo el borrador de conclusiones del grupo de trabajo, formado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), y en el que se comprometía a no aplicar este copago hospitalario.

Así consta en el borrador, al que ha tenido acceso DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN / EL MUNDO y en el que se concluye «dejar en suspenso la aplicación efectiva del cobro de aportación a pacientes ambulatorios por la dispensación de medicamentos en los servicios de farmacia de hospitales».

Esto fue el 27 de junio, pero el 18 de septiembre, prácticamente tres meses después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución del Ministerio de Sanidad en la que se fijaba un copago máximo del 10% del precio del envase, con un coste tope de 4,2 euros por cada fármaco, de una lista de 42. La medida sería efectiva desde el 1 de octubre, según dejaba claro dicha resolución.

Sólo la rebelión de la comunidades autónomas, que tienen transferida la Sanidad y que son las que deben aplicar ese copago, mantiene en suspenso este nuevo ajuste, que el Gobierno central autorizó para cumplir con las medidas que Europa le exigió para cumplir con los objetivos de déficit.

Cabe recordar que la participación de los usuarios en el pago por la prestación farmacéutica que se dispensa en los hospitales a pacientes no ingresados, como los denomina Sanidad, se intentó, primero, en el Real Decreto Ley 16/2012, el mismo que modificó el copago farmacéutico a través de receta, que el Ministerio entendió «insuficiente» y, por esta razón, en diciembre del año pasado reguló otra norma con rango de Ley sobre medidas de consolidación y garantía de la Seguridad Social, que precisamente desarrolla la resolución de 18 de septiembre en la que se fija ya sí el copago hospitalario para enfermos crónicos.

Alegaciones

Ya en sus inicios, el borrador de resolución que elaboró el Ministerio de Ana Mato para concretar su aplicación recibió numerosas alegaciones por parte de las diferentes consejerías de Sanidad, entre ellas la de Castilla y León, que fue precisamente quien propuso la creación, en enero pasado, del grupo de trabajo en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS, que estuvo coordinado por Castilla y León y contó con la participación de Ministerio de Sanidad y de las comunidades de Galicia, La Rioja y Aragón.

Allí se expusieron los diversos problemas de carácter técnico que conllevaría su aplicación, pero sobre todo el que no debía ser una medida disuasoria por la gravedad de las enfermedades de los pacientes afectados.

Castilla y León, tal y como el propio presidente Juan Vicente Herrera ha expresado en más de una ocasión, ya dejó claro entonces los «escasos» efectos recaudatorios de este nuevo copago. Y lo cifró ya en menos de 200.000 euros al año. O lo que es lo mismo, apenas un 0,07% del gasto hospitalario en medicamentos. En esta misma línea se expresaron el resto de comunidades.

A partir de aquí, lo sabido: el Ministerio ‘pasa’ de su propio borrador de trabajo, aprueba el copago sin contar con las comunidades, aplaza su aplicación hasta el 1 de enero, primero, y a lo largo de todo el mes, después, tras la rebelión autonómica y mientras la Junta trabaja en el recurso ante la Justicia para que sea ésta la que lo frene.