Seis comunidades piden un modelo de financiación «más justo y equitativo»
Exigen un reparto basado en la dispersión geográfica de la población y su envejecimiento.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, participa en Zaragoza en una reunión con Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia y La Rioja .
Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja acordaron ayer reclamar un modelo de financiación autonómica dotado con más recursos que el actual, que permita prestar los servicios públicos del Estado del Bienestar con la misma calidad a todos los ciudadanos.
Además, pactaron unir fuerzas para defender que el futuro sistema se base en criterios de reparto «justos y equitativos», que ponderen en mayor medida características comunes a sus territorios como la superficie, la baja densidad demográfica, los costes fijos, la dispersión geográfica de la población y su envejecimiento.
La reunión de trabajo que han mantenido esta mañana los consejeros competentes en materia de Hacienda de Aragón, Asturias, Castilla y León, donde estuvo la consejera Pilar del Olmo, Extremadura, Galicia y La Rioja ha permitido consensuar un documento donde se recogen los principios básicos que, a su juicio, deben presidir la negociación del nuevo modelo de financiación.
El primero de ellos es que se reconozca la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías respecto al Estado, por cuanto prestan los servicios que configuran el núcleo del Estado del Bienestar y en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales. De ahí la reivindicación de que el punto de partida de la reforma sea un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las comunidades.
La segunda aspiración que expresan los seis gobiernos es que se produzca por consenso de todas las autonomías, mientras que en tercer lugar, las seis regiones quieren que se garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Para ello, consideran, es preciso que la financiación de cada comunidad responda a los costes efectivos de la prestación de servicios, en los que influyen de manera esencial factores distintos del número de habitantes.
Entre ellos destacan la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población o su envejecimiento, que en el modelo vigente sólo están reconocidas con un peso el tres por ciento. Es decir, que la modificación del modelo debe ponderar de forma correcta y en un grado suficiente -y por tanto superior al actual- estas características diferenciales.
En este sentido, la Junta recuerda que las seis autonomías que han participado en el encuentro suman el 45 por ciento de la superficie española, un elevado porcentaje que contrasta con el hecho de que en ese extenso territorio reside el 19 por ciento de la población.
En coherencia con todo lo anterior, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja advierten de que las necesidades de gasto asociadas a la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica no pueden vincularse a la capacidad económica de los ciudadanos residentes en cada comunidad, ni a través del llamado principio de ordinalidad.