La Junta reducirá su funcionamiento interno para ahorrar 311 millones
«Se busca una administración más eficaz, adaptada al siglo XXI», resume el portavoz.

De Santiago-Juárez, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Junta de Castilla y León reduce a la mitad los actuales 110 órganos administrativos y estima un ahorro de 311 millones de euros con la puesta en marcha en enero de 69 medidas y la futura ley para la reforma de la administración autonómica, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, para la que se solicita la tramitación por urgencia en las Cortes.
«Se busca una administración más eficaz, más ágil, más moderna y mejor adaptada a las necesidades de los ciudadanos y del siglo XXI», resumió ayer el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la presentación de un texto elaborado por su departamento como una ‘ley paraguas’, ya que se modifican 44 normas y se cumple, además, con las resoluciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, De Santiago-Juárez aseguró que la simplificación de órganos se hace para su racionalización y modernización y garantizó que en ningún momento se mermará la participación de los empleados públicos y sus representantes. A título de ejemplo, reconoció que en estos años se había «abusado» de la creación de observatorios e incluso por «contagio» se fraguaron nuevos para servicios cuando su definición es para un asunto concreto.
De Santiago-Juárez negó también que estos cambios de normativa supongan cambios en la interlocución con los sindicatos, que se mantiene «exactamente igual».
En materia de personal, entre otras medidas, la norma simplifica las funciones del Consejo de la Función Pública y también la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), que cambia su tramitación como decreto por un acuerdo. Además, la ley prevé la posibilidad de cesar a titulares de puestos de libre designación.
En el segundo de los apartados de la ley, referido a la simplificación, se reflejará en la práctica en una reducción de las sanciones en un 50 por ciento en el caso de ser abonadas dentro de los 30 días siguientes a su imposición y en la eliminación del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo en la Ley de Presupuestos. En el caso de las medidas organizativas, destacan las atribuciones de coordinación que se le otorgan al delegado territorial.