A la cabeza en las prestaciones

La conclusión principal del informe es que el desarrollo de la Ley de dependencia, con el reparto competencial existente, ha producido una «excesiva dispersión normativa», que en ocasiones está solapada con las leyes de los servicios sociales vigentes. Una situación que genera que la gestión de la dependencia varíe sustancialmente entre una comunidad y otra. Castilla y León está a la cabeza a la hora del reconocimiento de las prestaciones de los beneficiarios.

Solo el 1,66 por ciento de las personas dependientes con derecho actual a servicios espera una resolución. A fecha de 31 de diciembre de 2013, había 1.046 individuos en esa situación. Un porcentaje que dista mucho del 20,1 por ciento de la media nacional y de valores como el 52 por ciento de Canarias (12.739 personas), el 39 por ciento de Murcia (18.076) y el 31 de Galicia y Aragón. Las listas de espera en España han bajado considerablemente pero aún existen 190.503 dependientes que aguardan la resolución del expediente para empezar a cobrar su prestación.

La consejera Milagros Marcos se felicita por estos datos porque reconocen la «buena gestión» y la «mejora progresiva» de la Comunidad, pese a coincidir con años de cambio de normativa y de crisis económica, con ajustes presupuestarios. «Unas reformas que nos obligaron a reducir el dinero destinado a inversiones para mantener las ayudas a la dependencia», recuerda.

Durante el primer cuatrimestre del año pasado, el sistema de información central del Imserso (Sisaad) incorporó 67.468 solicitudes en un plazo medio de 168 días desde la fecha de registro del expediente. El informe constata que solo siete comunidades registran los datos en un plazo en un plazo inferior a un mes. En el caso de la Comunidad, se situó en 80 días (168 días en el conjunto de España) y la explicación es por que utiliza un sistema de información propio.