Los altos cargos declararán sus bienes también al dejar sus puestos en la Junta
El Consejo de Gobierno agiliza la Ley de Transparencia para que entre en vigor en abril.
El consejero-portavoz, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Los altos cargos de la Junta de Castilla y León tendrán que presentar una declaración de bienes cuando accedan al puesto y otra al dejarlo, además de publicar anualmente su declaración de la renta, según el proyecto de ley de Transparencia y Participación Ciudadana aprobado ayer en Consejo de Gobierno.
Aunque la norma establece que de forma ordinaria la declaración de bienes de salida del cargo se presente en el inicio del año, en el caso de 2015 los consejeros actuales la publicará en abril, una vez aprobada la normativa, según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que dio luz verde a este texto.
En palabras del portavoz, no se trata de «una ocurrencia de última hora» vinculada al contexto actual de corrupción política, sino que es un compromiso de legislatura ya plasmado en el modelo de Gobierno Abierto que ahora se eleva a rango de ley.
Esta norma autonómica pretende «ir más allá» que las dos leyes estatales que ya regulan este tema (la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de 2013, y la de Reutilización de la Información del Sector Pública, de 2007), y cerrar lo que el portavoz definió como «círculo virtuoso» de «información, participación y cooperación de los ciudadanos».
De Santiago-Juárez remarcó también que aunque la transparencia es «un magnífico antídoto contra la corrupción», va más allá y tiene una función previa al ofrecer información a los ciudadanos.
Además de la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos, el texto habla de la difusión de asuntos que hasta ahora quedaban fuera del alcance de los ciudadanos como las relaciones de puestos de trabajo y plantillas públicas, los puestos de personal eventual, convocatorias de procesos de selección de personal, convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes, resoluciones judiciales que afecten a la Junta, el gasto en campañas de publicidad institucional, datos sobre endeudamiento y número y uso de vehículos oficiales, entre otros.
El proyecto de ley prevé también que el Procurador del Común actúe como Comisionado para velar por la transparencia y atienda los recursos planteados por los ciudadanos en caso de no poder acceder a información pública, aunque este aumento de la carga de trabajo no supondrá un incremento de gasto en esta institución, según el portavoz.
De Santiago-Juárez confió en que esta norma esté aprobada en febrero de 2015 e insistió en el planteamiento realizado el pasado miércoles en las Cortes de Castilla y León, en el sentido de alcanzar un «gran acuerdo político» con la oposición.