Puñetas genovesas

H ace año y medio, cuando la ventolera de Montoro pretendía arrasar Juntas Vecinales y demás vestigios de nuestra identidad municipal, un tropiezo salmantino de María Dolores de Cospedal invistió al alcalde de la ciudad como presidente autonómico, con dos años de antelación. Era el día de San Pascual Bailón y la concurrencia al festejo interparlamentario lo tomó como otro traspié de la manchega. Lo notó por las risas. Un desliz no en diferido, como el de Bárcenas, sino precipitado. Aquella investidura temeraria dio alas a nuestro polizón regional en la Federación de Municipios y Provincias, el paje zamorano Maíllo, y a la vuelta del verano plantaron cara en la sede del partido a la propuesta de Ordenación del Territorio de la Junta. Primero en María de Molina y luego en Génova. En medio de aquel barullo, que trataba de reproducir el desmadre que acompañó al descalabro de las Cajas de Ahorros, iban embalados los populares de Ávila, Salamanca, Zamora y León. Empujados desde Génova, incluso perdieron la cautela en sus expresiones de rechazo al proyecto autonómico de Ordenación del Territorio. «Se da de bruces con la reforma estatal», llegó a decir el morañego Antolín Sanz. Hasta que los puso al óleo Herrera, en el comité ejecutivo autonómico, aquel lunes de la Merced de 2013. Pero la severidad del aviso no fue seguida de silencio. El ariete más audaz de la revuelta siguió siendo Maíllo, presidente de la diputación de Zamora y casado con la nieta americana del Pichurro de Valderas.

Una vez amortiguadas las expectativas por el sopapo de las europeas, pareció que se tranquilizaban estos manejos, poniendo el cuidado en salvar los muebles. Pero la pasada semana Génova encargó una encuesta de opinión sobre el liderazgo en el Partido Popular de Castilla y León, cuyo panel de opciones supone una afrenta para quien todavía hoy mantiene esa responsabilidad. Me explico con detalle porque conozco el paño. El instituto de opinión ofrecía a los encuestados cinco nombres para ser valorados de cero a diez, entre el rechazo y el aprecio. Y lo más grave es que entre ellos figuraba Herrera, como si su candidatura estuviera en la pelea. Con Herrera ofrecían las opciones (por este orden) de Rosa Valdeón, Antonio Silván, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando Martínez Maíllo. También preguntaban por el resto de partidos, aunque con información más bien descuidada (todavía aparecía Villarrubia en la baraja socialista), tratando de evaluar vetos e inclinaciones. Querían conocer la influencia de la política nacional en el voto autonómico.

Para redondear la pinza interna, este lunes el grupo popular registró en las Cortes una iniciativa con la vitola de regeneración democrática, que se inscribe en la línea abierta por Cospedal en la Mancha. Propone modificar otra vez el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral para reducir el número de procuradores y limitar sus mandatos, así como los de los presidentes del parlamento y de la Junta. Esa es la chicha, que en Castilla y León supondría cercenar tanto el control al gobierno como la representación territorial. Porque entre Miranda de Ebro y Villafranca del Bierzo, entre Candeleda y Villarcayo, entre Ciudad Rodrigo y Ágreda, cabe un país como Portugal, once como el País Vasco y tres como Cataluña. El resto es oportunismo grosero y barato.