SEGUNDA JORNADA PLENARIA
Las Cortes piden que los partidos paguen lo defraudado por los políticos corruptos
u Herrera rechaza los aforamientos y apoya que la senadora Rita Barberá dé explicaciones .
efe | valladolid
Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad de todos los grupos una proposición no de ley que reclama al Gobierno central un cambio normativo que incluya la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus miembros.
En la práctica, esta medida significaría que si un condenado por corrupción no puede devolver el dinero defraudado a las arcas públicas sería el partido político al que representa el que tuviera que pagarlo.
La proposición no de ley fue defendida ante el Pleno por el portavoz del Grupo Ciudadanos, Luis Fuentes, quien planteó la necesidad de «acabar con la sensación de impunidad de los partidos» al aprobar las listas electorales que elaboran.
El procurador del PP Salvador Cruz manifestó una posición favorable a aprobar la iniciativa porque tiene «plena coincidencia» con el acuerdo de investidura firmado entre el actual presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Ciudadanos al inicio de la legislatura. Cruz defendió que en la legislatura estatal que acaba de concluir se han dado «avances importantes» en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, mientras que la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, apoyó la iniciativa pero denunció que se queda corta para combatir los casos de corrupción.
«barrera de protección»
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por otro lado, se mostró ayer partidario de «eliminar los aforamientos como una especie de barrera de protección ante posibles imputaciones» y en el caso de la senadora Rita Barberá apoyó que dé explicaciones por la situación que atraviesa.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes de Castilla y León, Herrera reiteró su rechazo hacia «un escándalo masivo de corrupción o irregularidades» al ser preguntado por el Caso Imelsa que ha motivado la investigación sobre el PP valenciano.
«No sé hasta donde alcanzan los grados de responsabilidad», dijo sobre la situación de Herrera, que seguidamente manifestó su disposición a que los aforamientos políticos sean retirados para evitar que se utilicen como «una especie de barrera de protección» ante las investigaciones judiciales.
Herrera matizó que actualmente «no existe ninguna imputación o investigación dirigida expresamente sobre Barberá».
