Las Cortes convierten en ley la ampliada Renta Garantizada

efe | valladolid

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la Ley autonómica para ampliar la cobertura de las medidas contenidas en la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis, que ya está en vigor ya que fue objeto de un decreto ley aprobado por la Junta y convalidado por el Parlamento en mayo.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, volvió a defender ante el Pleno la bondad de estas modificaciones que, recordó, fueron pactadas en el ámbito del Diálogo Social y dieron cumplimiento a las recomendaciones del Procurador del Común.

García manifestó que estas aportaciones, junto con algunas de las enmiendas incorporadas en la tramitación de la norma como proyecto de ley, han servido para «flexibilizar» las condiciones en las que los ciudadanos más desfavorecidos pueden acceder a las ayudas previstas en la Red de Protección, además de acortar los plazos de las resoluciones administrativas.

El debate lo protagonizaron la socialista Ana María Muñoz de la Peña, que defendió las enmiendas que han llegado vivas al Pleno, y la popular Mar González, quien argumentó en contra de las mismas.

Muñoz de la Peña (PSOE) sostuvo que, a pesar de votar a favor de la aprobación de la norma, sus enmiendas buscaban «no dejar a nadie desamparado», lo que en su opinión sí ocurre porque «quedan pendientes asuntos que más pronto que tarde se tendrán que retomar».

Por su parte, González (PP) defendió que la Red de Protección es «eficaz y coordinada» y relacionó el mantenimiento de las enmiendas socialistas con una «estrategia política lícita, pero que no mejora ni aporta mayores garantías».

El objetivo manifestado por la Junta de Castilla y León es que, con un coste de unos 14 millones, se incremente en unas 8.000 personas el número de destinatarios de este tipo de ayudas, a las que se dota de una estabilidad por no vincularse a la crisis económica.