Boada reclama más medios contra la violencia de género
La fiscal regional exige más controles en las órdenes de protección a las víctimas.
La fiscal delegada de Violencia de Género para la Comunidad. R.G.
efe | valladolid
La fiscal delegada de Violencia de Género para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, María Boada, planteó ayer la necesidad de más medios policiales para el control en las órdenes de protección a las víctimas y sistemas como la itinerancia para mejorar los puntos de encuentro. Boada, fiscal de la Fiscalía Provincial de Burgos, compareció ayer en comisión no permanente de las Cortes autonómicas para evaluar el cumplimiento y efectividad de la Ley 13/2010 contra la violencia de género y con el fin de formular propuestas para luchar contra este tipo de violencia.
Explicó que los dos principales objetivos del ministerio público cuando se presenta una denuncia consisten en la protección a las víctimas del delito, «el más importante», y la investigación del suceso, con una acusación y con un control del cumplimiento de penas cuando se produce una condena.
En este sentido, citó la prisión preventiva, las órdenes de protección y los aparatos geolocalizadores como sistemas para proteger a las víctimas de violencia de género, no sólo cuando se formula una denuncia, sino también a lo largo de todo un procedimiento.
El primer «gran» problema al que enfrentarse a la hora de proteger a las víctimas aparece con la ausencia de denuncias, ya que sin ellas el fiscal no puede actuar, manifestó Boado, quien aclaró que las estadísticas no reflejan la violencia de género que existe, sólo incluyen la que se denuncia, que es la parte visible.
«Hay que apoderar a la víctima contra el agresor», defendió la fiscal, tras abogar por plantear denuncias, a las que puede seguir una orden de protección para la persona perjudicada que requiere una valoración del riesgo para la perjudicada, que va cambiando a lo largo del procedimiento penal.
Propuesta
El aumento o disminución de ese riesgo lo puede detectar un fiscal en casos como el de la comisión de un nuevo delito pero, en los supuestos en que no se dan esta clase de factores, los fiscales suplen la ausencia de su conocimiento con las unidades policiales que hacen el seguimiento de una orden de protección.
«Es necesario aumentar el número de policías que ejercen tareas de control y seguimiento de las órdenes de protección», una misión que habitualmente cumplen el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y que sería posible complementar quizá con el apoyo de las Policías Locales, propuso Boado.