Castigo judicial al expolio de las cajas
De esa larga veintena de operaciones judicializadas, solo cinco casos han sido solventados por los tribunales hasta hoy, todos en la Audiencia Nacional La primera condena llegó en mayo de 2014: entre uno y dos años de cárcel.
La gran mayoría de las cajas han terminado, al menos, siendo investigada por decenas de operaciones que presentaban indicios de irregularidades. RAMIRO
J. A. BRAVO | REDACCIÓN
Entre 2010 y 2012 las 42 cajas de ahorros que existían entonces terminaron reducidas a menos de una cuarta parte y hoy solo sobreviven algunas reconvertidas en bancos, otras como meras fundaciones y muchas son historia. Pero ésta no es, en bastantes casos, precisamente feliz pues la gestión de sus otrora máximos responsables puede calificarse, cuanto menos, de funesta, camino de lo irregular y, en algunas entidades, delictivas. Aunque ha habido excepciones al fiasco de las cajas, la gran mayoría ha terminado, al menos, siendo investigada por decenas de operaciones que bien presentaban «indicios de irregularidades», bien no respondían a «una finalidad económica lógica». A esa conclusión ha ido llegando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que desde que se constituyó en mayo de 2013 para canalizar el rescate con fondos públicos de entidades financieras ha revisado más de un centenar de actuaciones sospechosas.
El resultado, sorprendente para pocos, es que prácticamente la mitad de ellas han terminado siendo denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción -el primer caso en llegar a un juzgado, sin embargo, fue en diciembre de 2010 con Caja Castilla-La Mancha (CCM)- al apreciar que pudiera haberse cometido algún tipo de delito. En total, 57 operaciones fueron llevadas por el FROB ante el Ministerio Público y éste, a su vez, ha judicializado -tras comprobar que había indicios consistentes- casi la mitad generando 24 causas penales, en 20 de las cuales está personado el Fondo como acusación.
En realidad, el FROB_ejerce la defensa de los intereses del Estado y, por extensión del erario público, pues a lo largo de la crisis ha concedido a la banca ayudas por 54.353 millones de euros, a los que se suman otros 2.192 millones para la Sareb (el ‘banco malo’ que se quedó con los activos más tóxicos de las entidades, sobre todo inmobiliarios) y otros casi 2.200 millones como garantías para los bancos que se hicieron con algunas de las entidades rescatadas. El Tribunal de Cuenta va un paso más allá elevando esa factura hasta los 75.000 millones, según lo que ocurra finalmente con la venta futura de Bankia-BMN y la recuperación de los referidos esquemas de protección de activos (EPA).
Casi un 7% del dinero inyectado en las cajas (el único banco rescatado fue el de Valencia) podría ser achacable directamente a actuaciones sospechosas de ser delictivas. Así lo estiman los responsables del FROB, que elevan ese «perjuicio económico» hasta los 3.707 millones. Y es una cifra provisional porque sus técnicos no han finalizado todos los análisis de actuaciones aparentemente anómalas en esas entidades.
De esa larga veintena de operaciones judicializadas, solo cinco casos han sido solventados por los tribunales hasta hoy, todos en la Audiencia Nacional. La primera condena llegó en mayo de 2014: entre uno y dos años de cárcel -cifra que se ha repetido en otros juicios, justo en el límite que los jueces solían estimar para ordenar el ingreso en prisión de un reo sin antecedentes- para cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès (recibió 915 millones del FROB) por administración fraudulenta. Su pecado: autoconcederse un ‘pensionazo’ de 31,6 millones.
Ya en febrero de 2015 llegó el segundo juicio, que se saldó a su vez con la primera absolución. El favorecido resultó Roberto López Abad, quien fuera ‘factotum’ de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (5.250 millones del FROB).