La Junta se persona en el caso de las eólicas por daño a su honor
La administración cree que la información publicada puede provocar «pérdida de confianza».
De Santiago-Juárez y Milagros Marcos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. N. GALLEGO
Efe | Valladolid
La Junta de Castilla y León acordó ayer personarse en la causa judicial abierta por las supuestas irregularidades en autorizaciones de parques eólicos porque considera dañado su «honor» y la información publicada puede provocar una «pérdida de confianza» de los ciudadanos.
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, sostuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «la más perjudicada por lo que sale en los medios de comunicación» sobre esta investigación «es la Junta» y esa es la razón por la que se ha ordenado a los servicios jurídicos la personación en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas, una de ellas el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, a quienes atribuye la supuesta comisión de delitos continuados de prevaricación, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, según el documento al que ha accedido Efe.
De Santiago-Juárez apuntó que para una «empresa como la Junta» resulta «fundamental» preservar la confianza que puedan tener en ella los ciudadanos, a lo que añadió que las informaciones sobre estos supuestos hechos «repercuten negativamente en el gobierno». El también consejero de la Presidencia remarcó que su crítica no es hacia la publicación de la información por parte de los medios de comunicación, sino hacia «quien lo filtra», porque ha considerado que «no es sensato ni muy adecuado que la parte interesada no conozca el documento».
«No hay dinero público afectado», añadió en la misma rueda de prensa la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quien llegó a denunciar una «indefensión absoluta» porque la Junta carece de la querella presentada por la Fiscalía, a la que pidió el pasado martes que le enviara el documento para conocer los hechos que investiga y «poder explicar donde se deba» la actuación de la Administración autonómica en estos procedimientos.
La portavoz condicionó la comparecencia ante las Cortes del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, —como pide la oposición en pleno— y de los propios consejeros, a que dispongan de la querella de la Fiscalía. Marcos reconoció que se trata de «temas muy graves», aunque se refirió únicamente a la figura de Rafael Delgado como cargo vinculado a la Administración autonómica, por lo que negó que exista una «trama administrativa»: «no se trata de dinero de la Junta, es entre particulares», dijo sobre el supuesto pago de hasta 80 millones de euros en comisiones estimado por la Fiscalía.