Demografía y PAC, prioridades en el Comité Europeo de las Regiones
La viceconsejera de Ordenación del Territorio defiende una enmienda sobre los retos demográficos.
La viceconsejera De Diego, durante su asistencia al pleno del Comité de las Regiones. HORST WAGNER
efe | valladolid / bruselas
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León, María de Diego, trasladó ayer al Pleno del Comité Europeo de las Regiones los planteamientos de esta Comunidad respecto a temas como la PAC y los problemas demográficos, entre otros.
En concreto, De Diego apoyó la continuidad de una PAC -Política Agrícola Común- «justa, sostenible y solidaria para los agricultores, los territorios, los consumidores y los ciudadanos.».
Además, la Junta de Castilla y León presentó diferentes enmiendas propias y apoyos a otras comunidades en materia de demografía, eficiencia energética, internacionalización empresarial y simplificación administrativa.
En materia demográfica, De Diego defendió una enmienda destinada a abordar los retos demográficos que presentan las regiones de la Unión Europea, al considerar que estos podrían paliarse, en parte, gracias a proyectos de investigación centrados en la innovación social, como señala el dictamen del CDR ‘La innovación social como nueva herramienta para abordar los desafíos sociales’.
En este ámbito, Castilla y León también ha presentado una enmienda para incluir a las regiones afectadas por retos demográficos entre los territorios con características específicas -geográficas, económicas, sociales y demográficas-, que podrán utilizar los indicadores pertinentes para apoyar la aplicación de políticas públicas que aborden los retos que afrontan.
El planteamiento conjunto de Castilla y León y el resto de las comunidades autónomas españolas con diferentes propuestas para minimizar los efectos del brexit ha sido otro de los asuntos tratados en esta sesión plenaria.
Sobre este tema, las autonomías españolas han hecho un llamamiento a la Unión Europea para garantizar el futuro de la política de cohesión después de la salida del Reino Unido, una partida que podría verse reducida una vez el presupuesto europeo deje de contar con la aportación británica.