La conga de Jalisco
C inco años después, la Ordenación del Territorio, que iba a nuclear la política de la Junta en esta legislatura, sigue no sólo estancada, sino sometida a los vaivenes de una conga que viene y va, demostrando lo fácil que es, si los bailarines saben mover los pies. Bromas aparte, parece conveniente aprovechar la pausa del verano para volver la mirada sobre el propósito de ordenar la presencia de las administraciones en el territorio. Una norma que permanece anclada entre las zancadillas populares y el desdén del resto de grupos de la cámara.
Y sin embargo, la Ordenación del Territorio no fue una ocurrencia veraniega ni un endemismo español. Más bien ha sido su carencia la generadora de frecuentes disfunciones. Porque se trata del instrumento que planifica el despliegue en el territorio de los servicios esenciales. Antonio Reguera, catedrático de la Universidad de León, ha estudiado su evolución en la España contemporánea y los anhelos del despotismo ilustrado, que tanto se parecen al ensueño de algunos presidentes de Diputación actuales. Territorio ordenado, territorio dominado, se titula su tesis. Así que ese señuelo del ordeno y mando es el que tanto seduce a los gobernantes. Más a los que atienden al silbo disgregador que a quienes participan en el proceso de maduración de una ley que pretende mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, vivan en la ciudad o en los pueblos.
Los primeros palos en la rueda los fueron colocando con astucia cunicular algunos cargos populares con responsabilidad en el gobierno de las diputaciones y asiento en la Federación de municipios y Provincias. Un revuelo que apenas escondía el reproche sordo a la Junta por desarrollar una de sus competencias exclusivas, avivado entonces por el arreón de Montoro, que trataba en primer lugar de meter el miedo en el cuerpo a los gestores públicos. Sucedía todo esto en el verano de 2012, cuando el gobierno de Rajoy aún procedía con soltura y ni siquiera olía las mermas por venir. De aquellas advertencias de Montoro, derivó la ocurrencia de Beteta, responsable de Administraciones Públicas. Antonio Beteta lleva subido al coche oficial treinta años y tuvo su momento de gloria en la comisión televisada del Tamayazo madrileño. Los papeles para la poda los hizo un garito de consultoría. Se suprimían el treinta por ciento de los concejales, todas las Juntas Vecinales, y luego, los Ayuntamientos que no anduvieran listos, pasarían a ser gestionados por su Diputación. Como Rajoy en su estreno fue presidente de Pontevedra, cuando recibió a sus colegas, le hizo gracia el arreglo. Al fin y al cabo, a quién le importa el centón de munícipes o esa antigualla de las pedanías.
Importaba a León, sin ir más lejos, donde Rajoy hizo el bachiller y se estrenó como Registrador villafranquino. Parece que sin demasiado rescoldo de querencia. Un tercio de las entidades menores españolas es de aquí y más de la mitad corresponde a Castilla y León, que también cuenta con el primer municipio de España. Así que la aplicación de uno u otro modelo sí importa. Por eso, resulta tan llamativa la actitud fluctuante de algunos presidentes provinciales, que ponen la mejor cara a quien más silbe. Fue el rumbo entonces de León, Salamanca, Segovia y Soria. Zamora y Ávila hicieron campaña por la poda de Beteta, poniendo a votar a sus alcaldes contra la Junta, mientras Burgos se mostró más proclive a la Ordenación de la Junta, que tuvo en Palencia y Valladolid a sus aliados activos. Posturas que tuvieron que ver con la deriva de cada cual, según saliera propulsado o trasquilado en su relación con el poder autonómico o central de su partido.