Juntas de rabadanes
S i la sabiduría popular nos tiene advertidos de que los rabadanes celebran sus reuniones con sacrificio de corderos, ya me dirán el alborozo de esta cuarta semana de febrero en que las hemos tenido a pares. El lunes se juntaron en la capital gastronómica los presidentes de cuatro comunidades autónomas que presumen de cumplir con sus deberes: Aragón, Galicia, Asturias y Castilla y León.
Venían con su pedido de financiación adecuada al impasible Rajoy, después de que Montoro sembrara la alarma con su anuncio precipitado de quitas a la deuda de los más gastadores, y recibieron el aplauso del áspero portavoz mariano Rafael Hernando, quien vio en el encuentro de diversos un portillo para la soñada coalición presupuestaria. Esta cumbre autonómica del noroeste tuvo su miga enjundiosa y esbozó un repertorio de cautelas y asuntos que nos conciernen directamente. Pero también el mismo lunes del cordobés san Álvaro comenzó la deposición judicial, con nueve años de retraso, de los consejeros de Caja España que agasajaron al industrial de la plaza don Santos Llamas, en su momento presidente en la entidad arruinada, con la renovación imprudente y temeraria de unos créditos millonarios a un interés pejiguero. Si el mismo lunes sólo cantó su ex vice y ex alcalde tranviario Francisco Fernández, para afirmar que daba el sí a lo propuesto por los directivos sin mirarlo, un día más tarde sus conmilitones socialistas presumieron de esmero en el estudio de los asuntos antes de apretar el botón de la conformidad.
También pidieron los del martes la comparecencia de los técnicos de la entidad, para que refrendaran sus posiciones, mientras los otros siete convocados el lunes, mayoritariamente de la órbita popular, rehusaron declarar, confiados en el sobreseimiento de la causa o en su traslado conjunto al Supremo, donde debe comparecer Fernando Martínez Maíllo, dado que según su letrado el proceso no es escindible.
Aunque estos funerales del ahorro ya se han comido más tiempo del debido, entre comisiones parlamentarias con poda y procesos en los que ni siquiera figura como investigado su máximo beneficiario, todavía no es imposible que las pesquisas judiciales o parlamentarias acrediten los manejos de cada cual con la entidad que fue de todos y para cuya salvaguarda estaban ahí.
Porque ahí llegaron los encausados como representantes y garantes del interés general, sin que a la postre pueda decirse que su labor resultó siquiera aceptable. Y como ninguno parece tonto del todo, estaría bien que fueran aclarando su tráfico de intereses con la entidad, el toma y daca que pudo llegar a motivar su respaldo a la concesión de unos créditos de imposible devolución, ateniéndose a los precedentes y al contexto económico del momento. No vale apuntarse al seguidismo de los técnicos, como hace el alcalde del tranvía, porque a esos técnicos los promovía y removía el presidente destinatario de los créditos millonarios. ¿O es que hubo créditos al uno por ciento para todos y tarjetas opacas y pisos o chalés del parque inmobiliario de la difunta Caja? De una justicia lenta y perezosa, que aborda un asunto de este alcance con nueve años de retraso, cabe esperar al menos la indagación rigurosa que facilite el entendimiento y comprensión de una pérdida tan relevante para nuestra sociedad como ha sido la de las centenarias entidades de ahorro. Porque si se cerrara en falso y sin depurar los excesos cometidos, volvería a rebotar al cabo del tiempo. Curiosamente, un daño que atañe a los cuatro rabadanes autonómicos reunidos en la capital gastronómica para preparar su estrategia de financiación.