Los cerdos forman piara
A pesar de la advertencia cervantina, que mostró a don Quijote vencido y en derrota de regreso a su aldea, durmiendo en el campo mientras una piara de cerdos le pasaba por encima, la bárbara actualidad que todo desvirtúa y enreda, pretendió convertir la sucia piara hocicante de Pamplona en resuelta manada. Ignorando que los cerdos y cuantos hozan en su avance se agrupan en piara, como avisó el luminoso Luis Cernuda en su elogio de Cervantes.
Aprovechando el ejemplo, para disparar contra la tropa replicante que hozaba sus versos buscando el tripeo del mendrugo. Sin atribuir al Quijote más que lo que Cervantes dice, resulta imposible no extraer consecuencias de semejante extravío. El enredo sucesivo de Montoro y Catalá con la justicia, enmendando sus pesquisas en el laberinto catalán o advirtiendo a posteriori de la incapacidad de un juez pamplonica de Riaño para juzgar la violación de los sanfermines, no son otra cosa que tumbos turulatos de un gobierno aturdido por el aviso de relevo. Sin que ni siquiera esa cautela les lleve a dejar de marear.
De hecho, el pirómano Montoro tampoco se limita a enturbiar las pesquisas judiciales catalanas, negando que los dineros invertidos en urnas y embajadas salieran del contribuyente, sino que animado por sus ínfulas postreras decidió segar la hierba de la supervivencia a los órganos de democracia directa que constituyen las juntas vecinales. Y lo hace de la forma más grosera y contrapuesta imaginable con el principio de ahorro y sostenibilidad que viene predicando desde que emergió de mano de Rajoy. Porque si algo distingue al gobierno de los pueblos mediante el sistema consuetudinario del concejo es su carácter gratuito y comunal, que ahora Montoro y su tropa ministerial quieren funcionarizar. Pues aviados vamos, si salen con la suya. Aunque no es probable que lo consigan, al menos que partidos e instituciones de aquí se pongan de acuerdo para mirar hacia otro lado y tolerarlo.
Porque ya el primer empellón a la administración local se lo echó abajo el Constitucional en 2016, ante un recurso extremeño, y sobre todo, porque el Estatuto de Autonomía vigente de Castilla y León establece en su artículo 70 la competencia exclusiva sobre la conservación del derecho consuetudinario, que gobierna con acreditada honradez y sin gasto los bienes de cada pueblo. La diputación, que rescató en 1984, con prólogo de Aparicio, el libro del notario cansequino Elías López Morán (1857-1921) Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de León (1900), está obligada a reclamar a la Junta la interposición del correspondiente recurso constitucional que apee a su ministro de la burra que tanto patalea. Aunque no le suene mucho al lenguaraz jiennense, este derecho tradicional leonés está recogido en Ordenanzas del siglo dieciséis y explica la buena salud de los bienes comunales supervivientes a los procesos desamortizadores del siglo diecinueve.
También la tesis doctoral del omañés Flórez de Quiñones se ocupó un cuarto de siglo más tarde (1924) de la consideración jurídica de los pueblos agregados a un término municipal. Así que no mareen más a los pueblos y que el servicio de Asistencia a municipios y cooperación local de la diputación salga de la capital y empiece a ejecutar su función. No vayamos a incurrir en el temerario descuido del ministro Catalá, quien siendo conocedor del trastorno incapacitante del magistrado riañés Ricardo Javier González, se lo guardó sin advertir al gobierno de los jueces, para que no evacuara su voto discrepante de jolgorio y regocijo. ¡En una violación pandillera!