Estragos energéticos
A sí llueva y nieve otra vez de forma torrencial, hasta desbordar los cauces y el muro de los embalses, o soplen vientos de furia, el desmán de la factura de la luz no se arregla. Tampoco serviría la ocurrencia de plantear nuevos embalses para los valles de montaña que se libraron del agua. De hecho, este que ha sido el año más lluvioso de los últimos tiempos ha visto remontar la factura de la luz hasta cotas nunca antes conocidas. ¿Por qué? Pues debido al desbarajuste que rodea a todo lo que tiene que ver con la gestión de las fuentes energéticas en nuestro país. En agosto y con los embalses repletos de agua como nunca, la subida del recibo respecto a 2017 superó el 35%. La explicación apunta a que los mayoristas maliciados del sector aprovechan para gravar la factura eléctrica con el precio de la energía más alta y costosa del mix energético. Por poner un ejemplo cercano, el 5 de septiembre fue el día con la luz más cara del año, porque las compañías que manejan el enjuague cargaron la factura con las fuentes energéticas más caras y sucias, para incluir en el coste los derechos de emisión de CO2.
En nuestro caso, tendríamos que discutirles incluso el engorrinado atmosférico, que generan los carbones de importación, traídos desde mercados donde rige la explotación infrahumana con criterios negreros. La transición energética española se ha hecho sacrificando los recursos propios, como el carbón de nuestras cuencas, y cediendo al criterio de rentabilidad del mercado qué porcentajes privilegiar en la facturación. Y ahí sí que no hay margen para la sorpresa: siempre marca el precio la energía más cara, relegando a las renovables, donde las empresas aprovechan sin coste añadido las cesiones del común para su negocio energético. La energía hidroeléctrica se beneficia del agua embalsada anegando la prosperidad de valles enteros, con un coste económico y social importante, en forma de expropiaciones y destierros. Costes siempre infravalorados, porque no sufragan la tragedia del extrañamiento, pero asumidos por el Estado con el dinero de todos. Su explotación hidroeléctrica no contempló nunca, en ningún caso, algún tipo de rebaja o compensación en la factura para los territorios que padecieron aquel expolio poblacional. Tampoco las comarcas mineras tuvieron jamás la electricidad más barata o asequible.
El disparate tiene sus bemoles, y aunque parezca un asunto distante y enrevesado, nos golpea con el calambre mensual de una factura que responde antes a un mecanismo de engañifa propio de trileros consentidos que a criterios de la ingeniería industrial. Porque aunque parezca increíble, el regulador del mercado eléctrico en España no es independiente, sino parte integrante decisiva del negocio. Desde el 6 de este septiembre cabriolero lo preside Carmen Becerril, consejera de Acciona y presidenta de Fortia energía, después de haber sido (¡Vivan las puertas giratorias!) directora general de energía y minas en el gobierno de Aznar. Una vez desbocados los contadores, pasa a ser urgente su relevo en caliente, para que la anomalía no siga sangrando a los consumidores. De momento, la herencia de los Soria y Nadal rajoyanos deja un mercado eléctrico mal diseñado, peor aplicado y manejado con engaños. Siempre en beneficio de la media docena de grandes empresas del sector eléctrico, que acostumbran a facturar el kilovatio más barato producido con agua a precio de ciclo combinado, que es el más costoso. Por eso celebran con alborozo el encarecimiento de materias primas: ese precio al alza, que sólo aumenta para la empresa eléctrica el coste de un elemento del mix energético, se convierte en la percha que rebota el incremento parcial multiplicado a los pacientes consumidores.