Podemos presenta 114 propuestas para proteger a las víctimas de los agresores
El Grupo Podemos en las Cortes de Castilla y León registró ayer un documento que recoge 114 propuestas para mejorar la ley contra la violencia machista y la protección a las víctimas, fruto de las conclusiones de la comisión no permanente para evaluar la eficacia de la legislación autonómica en esta materia y del «mandato» expresado por la ciudadanía el pasado 8 de marzo, según explicó ayer la procuradora de la formación morada Laura Domínguez, que acusó al PP de negarse a luchar contra esta lacra.
Domínguez aseguró que la decisión de registrar este documento, que se presentó junto a la actas de las intervenciones de los 28 comparecientes que pasaron por la comisión de la Cortes, se debe a la falta de interés del PP en concluir los trabajos, ya que desde el pasado mes de enero no ha sido convocada. «El PP ha vapuleado y ninguneado a esta comisión, e incluso se ha negado a que comparecieran víctimas de las violencia machista».
La procuradora de Podemos afirmó que la actual Ley contra la Violencia de Género de Castilla y León es «algo irreal para la vida cotidiana, ya que se trata de una norma que no se cumple», y recalcó que las propuesta de su grupo suponen una profunda modificación de todas las políticas de igualdad, así como el reconocimiento de víctimas de violencia machista los casos de agresión sexual y acoso. A su vez, también explicó que es necesario poner en marcha campañas específicas dirigidas a las mujeres del medio rural y, dentro de éstas, a las mayores de 65 años, así como a otros colectivos vulnerables como son las mujeres discapacitadas y las inmigrantes. En este sentido, criticó que ningún municipio menor de mil habitantes cuenta con planes de igualdad, y apuntó que en la comisión se pusieron de manifiesto varias factores que provocan que el número de denuncias en el medio rural sea menor.
Al mismo tiempo, Domínguez se refirió a los Puntos de Encuentro Familiar y a la saturación de este servicio que en su día criticó la fiscal especializada en Violencia de Género de Castilla y León, y denunció la falta de información que la Junta ha ofrecido sobre estos puntos de encuentro.