Alerta de dispendios
A hora que está en trance de sustanciarse el entierro de la minería, después de siglo y medio de actividad, lo más importante de este remate de cuentas, además de la protección de derechos de sus trabajadores, va a ser una vez más la gestión de la dote gubernamental destinada a la reactivación económica de las cuencas afectadas por su abandono. Y como abundan precedentes desoladores, fruto podrido de repartos con todos los colores, la vigilancia de su aplicación tiene que ser ahora el objetivo principal. Partiendo, eso sí, de la racanería de la cantidad funeral que se maneja: 250 millones fueron la cantidad aportada por el gobierno central y por la Junta para reconstruir en Burgos la fábrica de Campofrío destruida por un incendio. Campofrío da trabajo a 800 trabajadores, mientras la minería clausurada y sus valles desolados dejan en desamparo a varios miles. Poner el acento en las prejubilaciones de la minería, que debieran incluir las de sus industrias auxiliares, es tanto como embobarse con el dedo que señala a la luna sin ver más allá.
Viene la fase más delicada, la reactivación de las comarcas mineras, en la que partimos con un historial jalonado de torpezas y disparates. Por eso es tan importante y debe de implicar a todos, sin dejar a ninguna administración, aunque lo pretendiera, con el cómodo papel de mirón. Que es lo ocurrido hasta ahora, endilgando a municipios depredados y sin ninguna capacidad de gestión la responsabilidad de poner en marcha esas infraestructuras de reactivación económica, mientras el ministerio y en su caso las consejerías autonómicas correspondientes miran para otro lado, y si los acontecimientos acaban dándoles oportunidad, reprenden y despojan de proyectos a esas comarcas mineras que primero dejaron desvalidas, para darles el hachazo definitivo. Es lo que acaba de ocurrir con el manejo autonómico que robó el proyecto industrial de Asludium desde su ubicación pretendida en Carrocera, junto al acceso a la autopista A-66, para Villabrázaro (Zamora), aguas abajo del arroyo Grande paramés que discurre por Audanzas y San Adrián del Valle.
La mudanza no tiene sólo que ver con que su gestión se hiciera en el edificio pirata de la Perla Negra, sino con reiteradas pretericiones que lo agravan mucho más. Para ayudar a entender la trama de intereses, que conducen la generación inicial de 200 puestos de trabajo desde un polígono de reactivación minera al benaventano de La Marina, hay que destapar un par de cosas. Primera, que el polígono de Villabrázaro es propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta y venía funcionando hasta ahora, con todos los servicios urbanísticos y de desarrollo industrial llevados a cabo por el gobierno autonómico a su exclusiva costa para únicamente tres obreros empleados.
Allí ha encontrado Asludium doscientos mil metros cuadrados para su instalación inmediata, que se suman a la maderera Losán, que en estos momentos construye las naves para poner en marcha la actividad en abril. En Carrocera no fue posible porque el polígono industrial sigue siendo rústico después de haber enterrado millones del carbón. La Junta le puso el colgante estrafalario de una rotonda inútil, después de olvidar su compromiso de la fábrica de pellets, presupuestada en 2008 por el Eren (Ente regional de la Energía), y orillar durante más de un cuarto de siglo su calificación urbanística como polígono industrial. Así que la lanzadera pirata ubicó Asludium en su polígono vacío.