Los ‘pecados’ de PSOE y PP complican el acuerdo de la Comisión de Cajas

efe | valladolid

La posición que mantienen los grupos parlamentarios sobre lo acontecido en la comisión de investigación de las cajas de ahorros, dispares en las cuestiones principales como la responsabilidad en la gestión y las razones del fin de estas instituciones financieras, complica que puedan llegar a un acuerdo sobre las conclusiones.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que, pese a que compartirán algunos extremos, como la influencia de la crisis financiera y la inmobiliaria sobre las cuentas de resultados de las cajas, otros asuntos como la influencia de los partidos y entidades representadas en sus consejos de administración y los motivos del fracaso de los intentos de integración marcan distancia entre unos y otros grupos.

El presidente de la comisión de investigación, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), ha convocado el próximo lunes para presentar la propuesta de conclusiones de su grupo parlamentario, aunque ha anticipado que la culminación de otra de las comisiones de investigación creadas en las Cortes, la del Hospital de Burgos, influirá en los tiempos en que vuelva a ser convocada la comisión de las cajas, para buscar el acuerdo entre los grupos.

Por esta comisión creada el 22 de mayo de 2017 a petición de Podemos, Ciudadanos e IU-Equo y sin que el PP y el PSOE manifestaran su oposición, han pasado desde técnicos de las extintas cajas de ahorros, consejeros, exdirectivos de las mismas, a políticos como el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el exdirigente socialista Óscar López, quienes cerraron la ronda de comparecencias.

Fue en julio pasado cuando Herrera reconoció ante la comisión que la fallida integración de las seis cajas de ahorros de Castilla y León probablemente había sido «el episodio más triste de la historia de la Comunidad», hasta el punto que vinculó esta circunstancia con su decisión de dejar la política en legislaturas anteriores.

No obstante, defendió que quienes estuvieron al frente de esta iniciativa para reforzar el denominado «músculo financiero» de la Comunidad hicieron «un buen ejercicio, aunque el resultado no fue el pretendido», lo que en su opinión evidenció la autonomía de las cajas.

En la misma línea, el socialista Óscar López negó que los partidos tuvieran incidencia sobre decisiones técnicas como la concesión de créditos a dirigentes de las cajas y defendió que el fracaso de la integración tuvo que ver con que chocaron «con la realidad de las provincias». Uno de los aspectos que ha sido recurrente en los trabajos de la comisión ha sido la apelación a la existencia de casos que están siendo investigados por la Justicia, lo que ha dificultado la declaración de alguno de los involucrados, como fue el caso del expresidente de Caja de Ávila Agustín González, que se negó a contestar a los grupos por este motivo o las matizaciones que realizaban sus abogados a algunos de los comparecientes.

Dos de las comparecencias más esperadas, incluidas las dificultades de las Cortes para localizar a los protagonistas, fueron las del expresidente de Caja España Santos Llamas y el expresidente de Caja de Burgos José María Arribas, quienes negaron que tuvieran privilegio alguno en el acceso a créditos para sus empresas, pese a encontrarse en la cúpula de la entidad, por lo que ambos fueron investigados y están pendientes de resolución judicial.

Las jugosas prejubilaciones obtenidas por algunos directivos de las entidades financieras, que fueron enmarcadas por los comparecientes en un proceso común al del resto de empleados; los cursos de formación en el extranjero y operaciones inmobiliarias que han acabado también en los tribunales, como la hipoteca del Torreón de Lozoya o la venta de las propias oficinas de las cajas han marcado buena parte de las sesiones de esta comisión.

La elaboración de las conclusiones de las comisiones de investigación y su tramitación parlamentaria están dictadas en el artículo 50 del Reglamento de las Cortes, de los puntos 6 al 8, que establecen que las mismas no serán vinculantes para los tribunales de justicia ni afectarán a resoluciones judiciales.

Las conclusiones deben ser plasmadas en un dictamen de la comisión de investigación que deberán articular los grupos parlamentarios, los cuales tendrán la posibilidad de seguir su discusión en una sesión del Pleno de las Cortes, que es el facultado para aprobarlas.

Posteriormente el Reglamento prevé la publicación de las conclusiones en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y su comunicación al Gobierno autonómico, aunque también faculta a la Mesa del Parlamento autonómico a dar traslado de su contenido al Ministerio Fiscal por si de ellas pudieran derivarse acciones legales.

El Reglamento de las Cortes prevé también, en el punto octavo del artículo 50, la existencia de votos particulares formulados por los grupos parlamentarios en desacuerdo con lo aprobado por el Pleno, y también su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes si así lo pide el grupo proponente. EFE

orv