Diario de León

La Junta denuncia que 2018 termina con la parálisis de los compromisos del Gobierno

Entre los asuntos «paralizados», Pilar del Olmo se refirió a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica.

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos (i) y la consejera de Hacienda Pilar del Olmo. R. GARCÍA

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos (i) y la consejera de Hacienda Pilar del Olmo. R. GARCÍA

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La Junta de Castilla y León valora que el año 2018 concluye con «la mayor inestabilidad institucional, económica y política» conocida en democracia y con la paralización de los grandes compromisos del Gobierno de España con la Comunidad, pero garantiza hasta el final de la legislatura el trabajo centrado en el futuro, progreso y bienestar de los castellanos y leoneses desde «la certidumbre, responsabilidad y lealtad institucional».

Entre los asuntos «paralizados», se refirió a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica destinado a dotar de estabilidad y suficiencia presupuestaria al modelo social de prestación de servicios en el territorio, la Estrategia contra la Despoblación, la red de conexión a internet con banda ancha en todos los pueblos o la consecución de un pacto por la Educación haya derivado en una «imposición sin diálogo» y sin la demanda de la Comunidad de una prueba única de acceso a la universidad. En ese escenario de «inestabilidad» y cuando al principio del año existía un «frente constitucionalista unido ante el pretendido secesionismo de unos pocos españoles», Marcos aseguró que Castilla y León es una Comunidad que crece, que crea empleo y que cuenta con servicios públicos bien valorados.

Servicios públicos

Se detuvo la portavoz en la valoración «muy positiva» en Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Atención a la Dependencia conforme a informes elaborados por organizaciones externas. Subrayó que es la Comunidad no foral con mejores Servicios Sociales o la mejor en Atención a la Dependencia, diez años consecutivos a la cabeza en las valoraciones nacionales independientes, con una calificación más de dos veces superior a la de la media nacional. En educación, incidió en que Castilla y León es la primera de España y séptima del mundo en calidad educativa, así como que cuenta con las aulas más seguras, con el sistema educativo más equitativo, con menor brecha de género en ciencias y matemáticas, menor diferencia de calidad entre escuela publica y privada, menor diferencia entre escuela rural y urbana de España y alumnos con buenos resultados escolares con independencia de su nivel económico. Respecto de la sanidad, valoró los dos puestos ganados en el último año en la valoración de los ciudadanos hasta alcanzar el segundo puesto de las comunidades de régimen común, así como la ampliación del calendario vacunal. A ello, unió las ayudas para gratuidad de los libros de texto y la creación de diez nuevas prestaciones para las víctimas de la violencia de género.

Apoyo a empresas

Marcos se refirió también al apoyo a las empresas y a los emprendedores en sus necesidades de financiación e internacionalización y el refuerzo de la posición de Castilla y León en innovación. Subrayó que la media de crecimiento económico es del 3,1 por ciento en los tres primeros trimestres y que es la Comunidad no foral con mejores condiciones para invertir y crear empleo, según el Índice de Competitividad Fiscal.

En la creación de empleo, señaló los 997.000 ocupados en la última EPA y los 16.400 parados menos en el último año (- 10%). Igualmente, valoró la solución ante «situaciones críticas», como las surgidas en la planta de Nissan en Ávila o la de Vestas en León, así como los planes de reindustrialización para las zonas con necesidades especiales como las comarcas mineras, el entorno de Santa María de Garoña o el Plan Especial para Béjar aprobado la pasada semana.

Impulso a la inversión pública, defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos en relación con el futuro de la PAC o crecimiento del turismo con 2.000 euros de impacto económico, en especial el internacional superior al 54 por ciento, fueron otros de los elementos valorados por la portavoz.

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