La Junta invirtió 30 millones en ayudas a alquiler y rehabilitación

La Junta de Castilla y León ha invertido más de 30 millones de euros en ayudas directas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas en 2019, incluidas las subvenciones especiales por el Covid-19, que supusieron un incentivo de 5 millones de euros, tanto en la renta como en la compra.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado las actuaciones del Gobierno Autonómico en materia de vivienda, tras presidir la Mesa de Diálogo Social en este ámbito, en la que han participado representantes de los sindicatos y empresarios.

En rueda de prensa ha detallado que, en 2019, "se aportaron ayudas al alquiler de viviendas por un importe de 20.093.412 euros, que han beneficiado a 12.912 personas, con un primer pago inicial de 12,7 millones de euros, a los que se añadieron otros 2,5 para atender a los beneficiarios en lista de reserva y se añadirán otros 4,8 millones a los que quedan aun pendientes".

Por tanto, la ayuda media ha sido de 1.652 euros, con un 40% de la renta para los menores de 35 años, y un 50% de renta a los mayores de 65.

Asimismo, se realizó una convocatoria especial para el alquiler tras la aparición de la pandemia, con 5,4 millones en ayudas, que han llegado a otras 3.429 familias de la comunidad las cuales han tenido problemas transitorios para atender al pago total o parcial del alquiler de su vivienda.

Según ha apuntado Suárez-Quiñones, se aplicaron dos grupos de medidas a las viviendas de protección pública de promoción directa de la Junta: una dirigida a la condonación de la mitad de la renta que se pagaba , con un máximo de cuatro meses, y otra el aplazamiento del resto de la renta, el otro 50%, durante ese mismo plazo, que se pagarán en los tres años siguientes, de forma prorrateada mes a mes.

Esta actuación ha beneficiado a 2.100 familias arrendatarias de estas viviendas en la comunidad, y ha supuesto un ahorro de 398.280 euros y, en lo que respecta a viviendas compradas, se acordó también el aplazamiento de las cuotas de amortización mensual durante el tiempo del estado de alarma, que se pagarán en tres años, lo que ha repercutido en 7.638 familias.

En cuanto al alquiler , ya se han convocado las ayudas para 2020, con un presupuesto inicial de 15,28 millones de euros, que se podrán ampliar en otros 7, para poder cubrir todas las necesidades, y para las que se han presentado más de 7.000 solicitudes, aunque el plazo para pedirlas termina el 3 de agosto.

En lo que respecta a las ayudas para la rehabilitación de viviendas sobre conservación, accesibilidad y eficiencia energética, las ayudas convocadas ascienden a 4,5 millones de euros, tal y como ha indicado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, quien ha destacado las actuaciones en el parque público de alquiler, con una inversión de 21,8 millones.

En este sentido, dichas acciones suponen la construcción de 121 viviendas en Castilla y León, a través de cuatro promociones -tres en Salamanca y una en Valladolid- con financiación autonómica de 2,1 millones de euros, para una inversión total de 14,6, a los que se añadirán 63 viviendas protegidas en alquiler para familias jóvenes en el edificio Puente Colgante de Valladolid -7,2 millones-.

También ha incidido en el convenio con las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Obispados en el Programa Rehabitare que ya ha permitido incorporar al parque público de alquiler, hasta 2019, 189 viviendas, con una inversión de 8,3 millones, pero están previstas otras 82 actuaciones más en lo que resta de legislatura, con un montante de 4,2 millones.

En la Mesa de Diálogo Social en materia de vivienda también se ha tratado la reforma de la Ley del derecho a la vivienda en la comunidad, cuyo borrador ya se ha iniciado, y la reforma del derecho urbanístico, además de las actuaciones para la erradicación del chabolismo, para las que se invertirán más de 1,6 millones.

Tanto el representante de Cecale, Pedro García, como las de UGT -Azucena Pérez- y CC OO -Inmaculada de Pablo- han destacado la gran herramienta que supone el Diálogo Social para mejorar no solo el acceso a una vivienda digna de las personas, sino también para fomentar el empleo en el sector de la construcción.