PSOE y PP miden fuerzas para 2023 en unos comicios en clave nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, medirán este domingo sus fuerzas y sus expectativas para 2023 en las elecciones de Castilla y León, las que más repercusión están teniendo en la historia de esta comunidad y con una inevitable interpretación en clave nacional.

Conscientes de ello, Sánchez y Casado han multiplicado su presencia en este territorio en apoyo a sus respectivos candidatos, Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, que han contado también con el desembarco de otros pesos pesados de sus correspondientes formaciones políticas.

La evolución de las encuestas ha alimentado esa movilización conforme ha ido avanzando la campaña, ya que los augurios iniciales que apuntaban incluso a una mayoría absoluta del PP han derivado en otros sondeos que pronostican que este partido sólo podría gobernar pactando con Vox o en el vaticinio del CIS de que los socialistas serían la fuerza más votada y el ejecutivo de la comunidad dependería de los acuerdos poselectorales.

En este último escenario, y con la incógnita de la representación final que obtendrían Ciudadanos y Unidas Podemos, serían esenciales los procuradores que podrían lograr partidos como Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila en pleno debate sobre la fuerza de candidaturas de la denominada España Vaciada.

Los posibles pactos tras el 13 de febrero fueron el eje del último debate protagonizado este miércoles por Fernández Mañueco, Tudanca y el candidato de Cs, Francisco Igea, después de que los dos últimos intentarán de forma reiterada que el presidente de Castilla y León aclarara si está dispuesto a ir de la mano de Vox.

Un escenario al que se refirió la víspera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que ella preferiría pactar con "el partido de Ortega Lara" (en referencia a Vox) que con quienes le secuestraron.

El candidato del PP evitó pronunciarse al respecto, marcó distancias en materia de igualdad con la formación de Santiago Abascal y recalcó que busca "un pacto con las personas" para tener un gobierno centrado.

Además, asumió toda la responsabilidad por el adelanto electoral y por el resultado que obtenga su partido el domingo: "El que se la juega soy yo, no Pablo Casado".

Pero en las filas socialistas advierten de que un fracaso de Mañueco sería también de Casado y supondría un serio revés en la hoja de ruta que creen que tenía prevista el líder de la oposición hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 y las generales a finales de ese año.

Un camino que aseguran que, tras la rotunda victoria de Ayuso en Madrid, Casado pretendía que tuviera continuidad con el adelanto electoral en Castilla y León y otro posterior en Andalucía.

Pero si el PSOE pretende poner el foco en Casado, el PP hace lo propio con Sánchez, y una clara derrota de los socialistas la exhibiría como una demostración de la pérdida de confianza en el presidente del Gobierno que aspiran que desemboque en su futura salida del Palacio de la Moncloa.

Todo ello ha propiciado que la campaña del 13F haya estado trufada de debates en clave nacional, como el que provocó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con sus declaraciones sobre las macrogranjas.

En medio también de la polémica por la votación de la reforma laboral, el PP redobló asimismo su ofensiva contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos acusándole de beneficiar a las comunidades gobernadas por socialistas y elevó de nuevo críticas por ello a Bruselas.

Hasta allí viajó este miércoles una delegación de alcaldes del PP encabezados por el de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, para denunciar ante la Comisión Europea el reparto arbitrario que consideran que está haciendo el Gobierno de esos fondos.

Pero el Ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, lo ha negado de forma reiterada y ha acusado a los populares de falta de patriotismo y de ir contra los intereses de España por una mera razón partidista y electoral.

De la misma forma, el PP ha recurrido ante la Junta Electoral Central que el Consejo de Ministros aprobase esta semana un proyecto estratégico con cargo a los fondos europeos (Perte) para el sector agroalimentario dotado con mil millones de euros coincidiendo con la última semana de campaña electoral en Castilla y León.

En la misma reunión, el Ejecutivo hizo público un informe de seguimiento del plan contra la despoblación en el que asegura que se han comenzado a tramitar 3.800 millones de euros dentro de las 130 medidas previstas, ayudas que afirma que han llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes.

Casado ha reprochado directamente al Gobierno de "utilizar el BOE" para hacer "juego sucio" en las campañas electorales y ha criticado que también en plena campaña haya anunciado la subida del salario mínimo.

No ha faltado tampoco la controversia por los cálculos electorales del CIS ante unos comicios que se celebran por vez primera en solitario, sin coincidir con las elecciones municipales, y que dejan abierta la duda sobre si esa circunstancia puede influir en una menor participación en las urnas y su consiguiente repercusión en el resultado.