Desacuerdo en CyL: el PP vota en contra de Vox en las Cortes
Mañueco no apoya el Plan de Soberanía Energética que defiende el partido de Abascal

Mañueco conversa con la portavoz adjunta del PP, Leticia García, ayer, en las Cortes de CyL. NACHO GALLEGO
Primeras disensiones entre el PP y Vox en votaciones en las Cortes de Castilla y León en cuestiones de trascendencia. El partido del presidente de la Junta y el del vicepresidente votaron ayer en sentido contrario. Y no sólo eso. La formación de Mañueco no apoyó una propuesta concreta hecha por Vox: el Plan de Soberanía Energética en el que se niega, en la práctica, el cambio climático y se exige la derogación de «todas las leyes climáticas» que en opinión del partido de ultraderecha «arruinan» a los españoles.
PP y Vox tampoco votaron en línea en el trámite para sacar adelante la Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, una iniciativa de Cs a la que el partido de Abascal se opuso.
En cambio, los votos conjuntos de ambos partidos bloquearon la creación de dos comisiones de investigación de temas sensibles: una sobre los incendios de este verano y la actuación de la Junta y el consejeros Suárez-Quiñones y la otra sobre oo que sucedió en las residencias de mayores durante la pandemia.
Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer con los votos del PP, PSOE, Grupo UPL-Soria Ya, UP y Por Ávila, la propuesta de Vox de exigir al Gobierno un Plan Nacional de Soberanía Energética pero sí salió adelante, con los votos del PP y Vox, la petición de inmediata derogación de la prohibición vigente de la exploración del subsuelo en busca de hidrocarburos —fracking— y minerales radiactivos como el uranio.
LA PRINCIPAL MEDIDA DE VOX
La iniciativa defendida ante el Pleno por la procuradora de Vox Susana Suárez y enmendada por el PP planteaba derogar los artículos 9 y 10 de la Ley de Cambio Climático estatal. El PP dejó fuera de la redacción final la demanda de la derogación de «todas las leyes climáticas» que en opinión del partido de ultraderecha «arruinan» a los españoles, tal y como figuraba en el texto inicial.
Pese a que los portavoces de ambos partidos no confrontaron sobre el diferente sentido del voto en la que era la principal propuesta de Vox, la negativa del PP a apoyar la propuesta supuso que esa medida fuera rechazada por la Cámara tras un debate en el que no afloró tampoco la propuesta realizada la víspera por Vox sobre la recuperación de la actividad de la central nuclear de Garoña, actualmente en fase de desmantelamiento.
Si salieron adelante, aunque varios de ellos con la enmienda del PP, los puntos que se refieren a la promoción de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares con condiciones de seguridad y la paralización del desmantelamiento de las centrales térmicas donde técnicamente sea posible su enganche a la red eléctrica. También coincidieron ambos partidos en pedir la derogación del decreto ley de ahorro energético.
La socialista Rosa Rubio criticó que Vox pretenda cambiar un modelo energético en el que Castilla y León figura como «gran potencia» y líder en energías renovables y retó al partido de Abascal a aclarar «dónde quieren poner una central nuclear, ¿en Soria o en la Sierra de la Culebra?», deslizó como ironía al futuro que pretende ofrecer a los ciudadanos afectados por la despoblación o por los incendios.
El grupo UPL-Soria Ya lamentó que la denominada transición energética no haya sido transición para las comarcas mineras, que en su opinión sólo han obtenido «indiferencia» de los gobiernos, por lo que propuso que haya una apuesta por la tecnología aplicada a la producción de energías renovables, con planteamientos basados en la ciencia y no en las ideologías.
En su respuesta a los grupos parlamentarios, Vox pronosticó que en el próximo invierno habrá padres que verán «cómo sus hijos pasan frío en casa y no pueden hacer nada por calentarla» y se ha preguntado «con qué cara van a mirar» los socialistas a estas familias por aplicar los planteamientos de «los sumos sacerdotes de la religión climática».
En el mismo pleno de las Cortes de CyL, Vox rechazó tramitar la Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida de Cs que sí apoyó el PP.
La procuradora del Partido Popular Paloma Vallejo admitió la diferencia ideológica que mantienen en este asunto Partido Popular y Vox «sin que conlleve ningún tipo de fricción, ningún tipo de fisura porque nada afecta al acuerdo de gobierno firmado», tuvo que aclarar.
La negativa de Vox a apoyar el trámite parlamentario llevó a Igea a espetar: «Perezcamos resistiendo —parafraseó tras escuchar al procurador de Vox Javier Bernardo Teira—. Oiga, y si no quiero, ¿quién es usted?», dijo Igea. Para Teira, prevalece siempre el derecho a la vida e Igea le aclaró: «Desgraciadamente muchas veces la esperanza no es lo último que se pierde».
PP y Vox tumbaron con sus votos en las Cortes de Castilla y León la demanda de la oposición para crear sendas comisiones de investigación sobre los grandes incendios forestales de las provincias de Zamora y Ávila, ocurridos este verano y el pasado año en el caso abulense.
En un debate cargado de duros reproches, la procuradora socialista Ana Sánchez anunció ante el Pleno que su partido llevará ante los tribunales la gestiónd e la Junta. En contra de la constitución de las comisiones de investigación se posicionaron el PP y Vox, que apelaron a que son cuestiones que han sido abordadas ya por los tribunales de Justicia en el caso de Ávila —con el archivo de las actuaciones— o están judicializados en el de Zamora, aún en tramitación.
En la misma sesión plenaria, los grupos parlamentarios debatieron una proposición no de ley sobre incendios forestales, promovida por el PP, que fue aprobada con el apoyo de Vox y Cs, para mejorar el operativo de prevención y extinción de incendios, que recibió duras críticas de la oposición por evidenciar la insuficiencia de un operativo que era defendido como el adecuado por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, antes del verano.
PP y Vox también tiraron con sus votos mayoritarios la petición del resto de la oposición —salvo el procurador de Ciudadanos y exsocio de Gobierno, Francisco Igea, que se abstuvo— de crear una comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de covid-19 por «extemporáneo», para los primeros, y porque lo archivó Fiscalía Superior de Castilla y León sin consecuencias penales, para los segundos.
Los votos en contra enervaron al PSOE. La procuradora socialista Nuria Rubio sostuvo que «este es un debate que sí está en la calle» y pidió más empatía con los familiares de los fallecidos, «que siguen esperando una explicación de lo ocurrido durante la pandemia». «Lo rastrero es ocultar los datos».