CyL: 35 horas de trabajo desde el 1 de junio para los empleados de la Junta
Los docentes de la Comunidad se incorporarán a la medida aprobada por las Cortes el 1 de septiembre
Pedro Pascual (Por Ávila) y Luis Tudanca (PSOE), conversan en el pleno de las Cortes de CyL. LETICIA PÉREZ
Las Cortes de Castilla y León convalidaron ayer por unanimidad el decreto ley autonómico que establece la jornada de 35 horas para los empleados públicos a partir del 1 de junio, y del 1 setiembre para los docentes, entre reproches de los grupos de la oposición, que criticaron a la Junta por su electoralismo y por el olvido de los trabajadores durante años.
Los grupos PSOE, UPL-Soria Ya y Mixto también recriminaron a la Junta que haya recurrido a la fórmula del decreto ley, por la urgencia y la necesidad extraordinaria que conlleva ese tipo de norma, que presentó en las Cortes el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero (PP) en el pleno del parlamento autonómico.
Carnero defendió que «los trabajadores son el corazón y el cerebro de la administración» y recordó que se trata de volver a la jornada que había en el 2012, que por la crisis económica pasó a ser de 37,5 horas en todo el Estado, y que permite además conciliar la vida familiar y laboral, para una plantilla en la que la mitad corresponde a mujeres.
El decreto, además, recoge que se mantiene la posibilidad de exigir a los puestos de libre designación el pedir una duración de jornada superior y una jornada laboral obligatoria de 9 a 14.00 horas de la tarde, así como la posibilidad de flexibilizar entre 7.30 y 9 y de 16.00 a 18.30 horas, de lunes a jueves, y el viernes de 14.00 a 16.30.
El grupo parlamentario popular, a través del procurador José Luis Sanz, incidió en que la ampliación a 37,5 horas fue fruto de la crisis «acentuada por las erráticas políticas de José Luis Rodríguez Zapatero» que obligaron al PP, «heredero de semejante desastre económico» a tomar decisiones «difíciles, pero temporales».
Desde Vox, Fátima Pinacho (Vox) valoró «el propósito común» y el compromiso del gobierno de coalición entre su partido y el PP en la Comunidad para recuperar las 35 horas, que calificó como una cuestión «de justicia», en una medidas que se remonta al 2017 y culmina hoy con su aprobación.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán subrayó que el regreso a las 35 horas «supone la restitución de un derecho» para los casi 95.000 trabajadores públicos de la Comunidad y trazó un paralelismo con el anuncio que se hizo hace cuatro años.
«En mayo de 2019, días antes de las elecciones autonómicas, el consejero de la Presidencia y la consejera de Hacienda, ambos candidatos al Ayuntamiento de Valladolid, anunciaron la devolución de la jornada laboral y hoy el consejero de la Presidencia y candidato al mismo Consistorio anuncia la devolución de la jornada laboral, un mes antes de los comicios», criticó.
Sacristán sostuvo que la palabra del PP no vale «nada» y ha reconocido «su incredulidad» y «su preocupación» por este decreto ley, ya que no especifica de dónde se obtendrán los 34 millones de euros ni el coste total anual para garantizar los servicios, que requieren de 4.500 los nuevos puestos de trabajo según los sindicatos.
«En víspera de elecciones prometen lo que haga falta, incluso de lo que han estado renegando políticamente», ha señalado.
El portavoz de Soria Ya, José Ángel Ceña, admitió que los funcionarios públicos como él han sentido «rabia» al recordar aquellos días en los que tuvieron que «hacer sacrificios, con insultos y a cambio de nada» y calificó como «cuestionable» la urgencia por la que se justifica ese decreto.
Su compañero de grupo parlamentario, José Ramón García (UPL) valoró la función de los trabajadores públicos, especialmente durante la pandemia de la covid-19 en sectores como la sanidad o la educación, que «se han sacrificado por la ciudadanía siempre que se lo han pedido», aunque señaló que para recuperar lo perdido desde los recortes de 2008 sería necesario subirles el sueldo en un 20%.
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, reprochó que la única causa para la urgencia de ese decreto sea «la fecha electoral» y se centró n los trabajadores públicos de la salud, reclamando que el personal de enfermería no salga perjudicado y que se hagan públicos los datos de presión asistencial para mejorar la toma de decisiones.