Amilivia pide un fondo específico a repartir entre las CCAA despobladas
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha abogado por la creación de un fondo específico contra la despoblación a repartir entre las comunidades autónomas con menor densidad poblacional. Así lo ha propuesto durante su comparecencia esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, donde ha hecho análisis de la gestión del programa presupuestario ‘Deuda Pública’, así como su relación con el sistema de financiación y el gasto social, tomando como marco temporal el periodo 2004-2021.
Castilla y León recibe el 5,37% de los recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales en la liquidación definitiva de 2021 en función del peso de su población, porcentaje que, como así ha advertido Amilivia, no es representativo ni del gasto de servicios como infraestructuras de carreteras o transporte, ya que los kilómetros de carreteras autonómicas suponen el 16,78% del total nacional, ni del gasto en conservación del medio natural, pues su superficie forestal es el 18,27% del total nacional, porcentajes ambos muy superiores al que se tiene en cuenta.
El presidente del Consejo de Cuentas ha señalado que, con las variables vinculadas al territorio, insuficientemente ponderadas en el modelo actual de financiación con un 3%, no se atiende a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, perjudicando a comunidades con menor densidad de población.
Por ello, Amilivia recomienda incorporar la despoblación como variable creando un fondo específico a repartir, distinto al del fondo de compensación interterritorial, entre las comunidades que, como Castilla y León, registran menor densidad geográfica.
El presidente ha iniciado su comparecencia con la evolución del endeudamiento de la Comunidad. Ha expuesto que la deuda alcanzó en 2021 los 13.215 millones de euros, mientras que en 2004 ascendía a 1.451, experimentando su crecimiento más significativo a partir de 2009, coincidente con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica.