El Consultivo duda de la adscripción de la Autoridad contra la corrupción
La Junta recoge esta figura en una disposición del proyecto de Medidas que va junto a los presupuestos
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez, junto al presidente de la Junta. DL
El Consejo Consultivo ve «dudas y falta de concreción» en que la futura creación de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León esté adscrita al Consejo de Cuentas y plantea que se regule mediante un anteproyecto de ley ad hoc para garantizar la separación de sus funciones de las del máximo órgano de fiscalización de la Comunidad.
Una de las novedades del proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los Presupuestos de 2024, que se encuentran en las Cortes para su tramitación, es la creación de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, como un canal externo de información conforme a la normativa europea y estatal de garantizar la protección del informante.
En concreto, la disposición adicional segunda del proyecto de ley de Medidas regula que su creación estará adscrita orgánica y presupuestariamente al Consejo de Cuentas, pero que actuará con plena autonomía e independencia de la Administración autonómica, administraciones locales y entes públicos de la Comunidad.
Según recoge el mismo proyecto, será la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a propuesta del presidente del Consejo de Cuentas, a quien corresponderá el nombramiento y cese de la persona titular de la Autoridad Independiente, que tendrá rango de director general.
En su preceptivo dictamen, consultado por Ical, el Consultivo plantea una serie de «dudas» y «falta de concreción» a su naturaleza y régimen jurídico, además de que ve »confuso» su régimen de organización y su relación con el Consejo de Cuentas, al que se adscribe.
No obstante, para evitar «dudas», considera que, en caso de mantenerse esa adscripción orgánica y presupuestaria al Consejo de Cuentas, la ley debe garantizar que la Autoridad Independiente actuará con separación de sus funciones y con plena independencia de ese órgano de fiscalización.
Esta separación de las funciones de la Autoridad Independiente respecto de las que corresponden al Consejo de Cuentas impide que sea el presidente de esta institución el que informe anualmente a las Cortes de la actividad realizada en este ámbito, como se recoge en el proyecto y para que el dictamen pide su supresión.
El Consultivo insiste en delimitar «con mayor precisión» las funciones de la Autoridad Independiente y en que en el proyecto no se ofrece «un régimen acabado» sobre la naturaleza, las garantías de su autonomía e independencia y la definición de sus funciones.