En juego la voluntad de los pacientes terminales a decidir el tratamiento o rechazarlo
PP y Vox tumban en CyL la ley de derechos al final de la vida
Mañueco y la extrema derecha alegan que el PSOE quiere «colar la eutanasia»
Mañueco atiende a la intervención del portavoz de Vox, David Hierro.
El pleno de las Cortes de Castilla y León tumbó ayer, con los votos en contra de PP, Vox y los dos procuradores expulsados de este grupo, que siga adelante la tramitación de la proposición de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso del final de su vida con el argumento de que la oposición socialista quiere «colar la eutanasia por la puerta de atrás» y el rechazo a «la cultura de la muerte». La iniciativa socialista recogió el texto presentado por Francisco Igea (Grupo Mixto) que PP y Vox, cuando eran aun socios, rechazaron en la Comisión y no llegó al pleno, más sus enmiendas de entonces, pero no la eutanasia como argumentó en su presentación el procurador Diego Moreno, que enmarcó la ley en garantizar que se imponga la voluntad del paciente terminal sobre el tratamiento y cuidados que desea.
Así, la regulación y garantía de ese derecho personal, aunque suponga renunciar a cuidados paliativos si le provocan dolor, recibió el apoyo de los procuradores de UPL-Soria Ya y de los tres del Mixto (Pablo Fernández, Francisco Igea y Pedro Pascual), mientras que PP —con el voto telemático de su procurador Raúl Hernández— y Vox mantuvieron el bloque para desestimar la toma en consideración, a la que se sumaron los dos no adscritos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, que se estrenan en este pleno con esa categoría tras su expulsión.
El socialista Diego Moreno afirmó que el objetivo es regular el derecho de las personas al final de su vida en base a sus deseos o creencias, reconoció que el texto recopila legislación existente pero añadió que se incorpora la facultad de que el paciente decida las medidas terapéuticas y su derecho a rechazarlas aunque ponga en peligro su vida. La proposición de ley regula mejorar la calidad de vida de las personas en sus últimos días, garantizar una atención humanizada y respetuosa, proporcionar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y establecer garantías.