La Junta exige a Sánchez que dé carpetazo total al 'plan Junqueras'

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, exigirá el próximo miércoles, 14 de febrero, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que «renuncie» al modelo de financiación autonómica del presidente de ERC, Oriol Junqueras, e inicie una negociación «en condiciones de igualdad» con todas las comunidades. Carriedo insistió en que se retire «el punto de partida» que se pone encima de la mesa que «es una exigencia en este caso de Oriol Junqueras y de Esquerra Republicana de Cataluña».

El consejero portavoz afirmó que existe una «coincidencia» en el rechazo al modelo planteado desde el Gobierno por parte de «prácticamente» todas las autonomías de régimen común «menos una» (por Cataluña), «no solamente las gobernadas por el PP», dijo, ya que «los máximos representantes de Castilla-La Mancha y de Asturias (PSOE), están claramente en desacuerdo con lo que se ha hecho y del resultado de este reparto».

«Prácticamente, todas las comunidades autónomas de régimen común menos una han mostrado su disgusto tanto con el procedimiento como con el fondo del asunto y los datos finales que hemos visto de esta propuesta de reparto que hemos conocido antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de la voz de Oriol Junqueras», reprochó.

«El modelo tendría que haberse negociado entre todos, no sólo con un partido separatista como Esquerra Republicana de Cataluña», dijo, para razonar que «lo que a todos afecta tiene que abordarse conjuntamente entre todos y tienen que primar los criterios de suficiencia financiera, de igualdad y de solidaridad».

Carriedo también apuntó a preguntas de la prensa sobre la postura del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la propuesta, que es el propio dirigente del partido socialista el que tiene que «definirse», y comentó que «hemos oído una evolución en el tiempo muy dispersa de su posición». «Nosotros entre el separatismo y la igualdad elegimos siempre la igualdad», apostilló.

Carlos Fernández Carriedo insistió en que Castilla y León tiene el 20 por ciento de la superficie de España, y el cinco por ciento de la población de las comunidades autónomas de régimen común y de los 21.000 millones de euros de nuevos fondos, se otorga a la Comunidad apenas el uno por ciento del total. «Es difícil de explicar», comentó, y zanjó que «la única explicación, lógicamente, es que este es un modelo que ha sido diseñado por Esquerra Republicana de Cataluña, por Oriol Junqueras».

«Ni siquiera estamos hablando de la representación de una comunidad autónoma, sino de un partido político de carácter separatista, que es el que ha definido el modelo de financiación de las comunidades  autónomas de España y por ende, cómo se financia Castilla y León”, reprochó.

El consejero insistió en que están “totalmente en desacuerdo en la forma, en que no se haya contado con las comunidades autónomas y que el dinero de todos los españoles no sirva para prestar los servicios públicos de los españoles sino sencillamente como el pago de un precio político por parte del presidente del Gobierno”.

Asimismo, cargó contra el fondo porque “se quería llegar a una finalidad y luego se han diseñado los instrumentos, los medios y los repartos para esta finalidad”. El modelo, afirmó, supone “disminuir el peso” que actualmente tiene en el reparto la superficie, la dispersión o el envejecimiento, de tal forma que “con la propuesta que se nos plantea, estas variables que son tan importantes para nosotros disminuyen su peso en el conjunto del modelo y se diseña de tal manera que lo que se hace es beneficiar a la comunidad autónoma que lógicamente a través de Oriol Junqueras ha venido liderando este proceso de negociación”.

Carriedo también puso como ejemplo “extremo” de lo ocurrido, el anuncio de Montero de un fondo específico para la lucha contra el cambio climático, que hizo pensar a Castilla y León, la comunidad con más superficie forestal de España, que “podría ser una de las grandes beneficiadas con esos 1.004 millones”, y acto seguido precisa que se va a repartir en sus dos terceras partes para las autonomías del Mediterráneo, y un tercio para el resto en forma proporcional a su población a justada. “Esto ya certifica claramente de qué estamos hablando y qué se busca con ese modelo”, concluyó.