Instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos será más sencillo en Castilla y León
El cambio permitirá que determinadas instalaciones de distribución y de producción de hasta 500 kilovatios (kW) puedan obtener directamente la autorización de explotación
Un coche eléctrico en un punto de recarga.
La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves modificar la normativa autonómica para reducir los trámites administrativos necesarios para instalar puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos y plantas de autoconsumo en viviendas y pequeñas empresas, una medida que podrá beneficiar a más de 5.000 instalaciones al año.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha dado el visto bueno al proyecto de modificación del decreto sobre autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas.
El cambio permitirá que determinadas instalaciones de distribución y de producción de hasta 500 kilovatios (kW) puedan obtener directamente la autorización de explotación, sin tener que solicitar previamente las autorizaciones administrativa y de construcción.
Para acogerse a esta simplificación, las actuaciones no podrán estar sometidas a evaluación de impacto ambiental y deberán contar con los acuerdos con los particulares afectados y los informes favorables de las administraciones y empresas de servicios de interés general correspondientes.
La modificación será todavía mayor para las instalaciones de distribución de baja tensión y las plantas de producción de hasta 100 kW destinadas al autoconsumo y conectadas a redes de baja tensión, cuya autorización de explotación podrá acreditarse mediante una certificación reglamentaria registrada ante el órgano competente.
Según los datos aportados por la Junta, tomando como referencia la actividad de 2025, esta simplificación podría afectar cada año a unas 5.000 instalaciones de autoconsumo de menos de 100 kW, además de las instalaciones de entre 100 y 500 kW que cumplan los requisitos establecidos.
El Ejecutivo autonómico confía además en que la reducción de trámites incentive nuevas instalaciones y facilite el despliegue de infraestructuras públicas para la recarga de vehículos eléctricos.
Castilla y León dispone actualmente de 3.659 puntos de recarga de acceso público, de los que 470 superan los 250 kW y son considerados de alta potencia.
La Junta ha destacado asimismo que Castilla y León encabeza el indicador de infraestructura de recarga eléctrica del último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, correspondiente a junio de 2026, con 23,7 puntos sobre 100, por delante de Cantabria, con 22,2, y Navarra, con 21,7, mientras que la media española se sitúa en 15,4 puntos.