Representantes del colectivo de sordos mostraron su decepción por la negativa de las Cortes
El PP rechaza el reconocimiento de la lengua de signos en la comunidad
La propuesta del PSOE incluía además la dotación de intérpretes en las instituciones
El PP rechazó ayer de nuevo que las Cortes insten a la Junta a que reclame al Gobierno central que reconozca la lengua de signos de las personas sordas, negativa que argumentó en que «no está claro que sea su lengua propia» y puede llevar a que formen una «comunidad aparte». Así lo expresó ayer ante el plenario de las Cortes de Castilla y León la procuradora del PP Paloma Sanz, quien además arguyó, para rechazar la propuesta socialista de que se reconozca esta lengua, que «no existe una única lengua, sino varias diferentes en función de los países y las autonomías» y no es «la única fórmula para mejorar la comunicación» con este colectivo. El debate de la lengua de signos, segundo que realizan las Cortes, que ya rechazaron en marzo pasado una proposición no de ley idéntica del PSOE, también por el voto en contra del PP, El debate fue seguido desde la tribuna del hemiciclo por representantes de los colectivos de sordos de la comunidad y por el presidente de la Confederación Nacional de Sordos Españoles, Jesús Cañón, que mostraron su decepción por el rechazo a la propiesta de los socialistas. Durante la presentación de la proposición no de ley, que fue traducida a la lengua de signos por una intérprete, la procuradora socialista Elena Pérez repasó las «barreras comunicativas» a las que se enfrentan los sordos en la comunidad y denunció el incumplimiento de la Ley de Accesibilidad de 1998 que ya planteaba que las instituciones públicas deben facilitar el acceso a la información mediante traductores de la lengua de signos. En estos momentos, según los datos ofrecidos por Pérez, en la comunidad hay 18 interpretes de esta lengua y no en todas las provincias, y existen dos únicos equipos específicos de atención a este colectivo en las provincias de Salamanca y León. La resolución socialista incluía además la implantación progresiva de esta lengua, en función de las necesidades y presupuestos, en el sistema educativo regional, la dotación de intérpretes y la creación de puntos de información en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, diputaciones y delegaciones de la Junta. En el turno de fijación de posiciones, el procurador de UPL, Joaquín Otero, reprochó a PP y PSOE su «batalla» y «demagogia» para ver quien queda mejor con el colectivo ofreciendo buenas palabras e intenciones que luego no se concretan en nada, lo que contrapuso a la iniciativa de su partido en el Ayuntamiento de León para que la institución cuente con un intérprete de lengua de signos que ayude a los que lo necesiten.