La reforma que nunca llega

Se las veían muy felices los que, no hace mucho, creían que la largamente prolongada en el tiempo reforma del Reglamento de las Cortes iba a ser pan comido después del verano. Ahora los populares acusan a los socialistas de haberse echado el freno e incluso la marcha atrás en el proceso negociador, mientras que el PSOE tacha de demasiado «restrictivo» el borrador elaborado durante la pasada legislatura, y, en teoría, «pactado» por los dos grandes grupos de la Cámara. Lo cierto es que se había hablado de que la reforma posibilitaría la celebración de tres plenos al mes, dos legislativos y uno de control al gobierno, -lo que agilizaría considerablemente el trabajo del Parlamento autonómico-, pero en la última propuesta ya sólo figura un mínimo de dos. Igualmente, los populares han modificado la propuesta socialista de separar las funciones legislativa y de control político de la Cámara, por lo que los plenos continuarán siendo «mixtos» al contar con dos partes completamente diferenciadas. En lo que sí parecen de acuerdo ambos grupos parlamentarios es en ampliar los periodos hábiles de sesiones, -por ejemplo, será periodo de sesiones desde el uno de septiembre y no desde mediados de mes, como hasta ahora-, así como en la celebración de tres debates sobre el estado de la comunidad a lo largo de cada legislatura. Según esto, el año que viene se celebraría ya el primer gran debate autonómico de la legislatura. En cualquier caso, el grupo parlamentario popular ha asegurado que la reforma del Reglamento de las Cortes estará lista en enero, con o sin consenso. Para polémicas parlamentarias la que ha protagonizado esta semana el mismísimo presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago. Como procurador abulense que es, Fernández Santiago, no dudó en comparecer ante los medios de comunicación de su provincia para presentar los presupuestos de la Junta, al igual que han hecho otros procuradores populares en sus respectivas provincias de origen. Sin embargo, el presidente de las Cortes se debe a su cargo, -es la cara y el responsable de la segunda institución más importante dentro de esta comunidad-, por lo que su actitud no ha sido nada bien vista ni dentro ni fuera de su provincia. Las formas son las formas. Donde lo que verdaderamente importa es la forma y no el cuando es en el traspaso de las competencias de Justicia. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha vuelto a dar largas al Ministerio de Administraciones Públicas, cuya titular, Julia García Valdecasas, acudía esta semana a Castilla y León para «urgir» la asunción de estas competencias antes de que termine la actual legislatura estatal. Sin embargo, Herrera ha sido explícito: en el traspaso de los medios materiales y humanos de la Justicia importa más el cómo que el cuándo. Y es que de aceptar el requerimiento de la ministra, Castilla y León tendría que acelerar el proceso hasta límites insospechados puesto que a partir del próximo mes de febrero el Gobierno de la nación estará inmerso en la campaña electoral. Eso sí: si se llega a un acuerdo respecto al «cómo», es decir, a las condiciones económicas y administrativas del traspaso, se podría alcanzar otro sobre el «cuándo». Y donde ya no se pueden dar más largas es en la negociación del manido Pacto Local. El plazo límite es esta legislatura pero son tantas las veces que se ha hablado de ello, que la Consejería de Presidencia y los partidos políticos corren el riesgo de empezar a aburrir al personal. Quizá por ello, el responsable de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de echar al correo las cartas destinadas a los grupos parlamentarios y a la Federación Regional de Municipios en las que se les invita a constituir la Comisión tripartita que negociará el ansiado traspaso de competencias a los municipios de la comunidad, así como el calendario de trabajo y los plazos del proceso. Los que sí están cumpliendo el calendario previsto son los diez consejeros del Gobierno autonómico, que la semana que viene continuarán explicando los presupuestos de sus respectivos departamentos ante la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León. Por el contrario, habría que ponerle una falta a los procuradores de la UPL, que no acudieron a la primera de estas citas parlamentarias para defender su postura crítica frente a las cuentas de la comunidad. Postura que, ya han anunciado, se plasmará en una enmienda de totalidad a los presupuestos del año que viene.